SEVILLA (EFECOM). La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso EFE, considera que el IFA y su sucesora, la agencia IDEA, falsearon sus presupuestos de forma que clasificaron como "otros gastos de explotación" las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

"Este hecho del falseamiento del presupuesto es tan trascendental, que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31 L de la Dirección General de Trabajo", afirma la instructora.

La juez considera que estas agencias andaluzas y su Consejo Rector eran conscientes de la "inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones" y por ello imputa en el caso a los integrantes de dicho Consejo a quienes correspondía, entre otras competencias, conocer periódicamente la gestión presupuestaria, que sin embargo "no reclamaron de los directivos de la agencia".

A lo largo de 71 folios, la juez Mercedes Alaya va analizando todas las actas de las reuniones del Consejo Rector entre 2001 y 2008, las personas asistentes y las votaciones realizadas y finalmente imputa a 20 personas, que se unen a las 166 ya acusadas entre altos cargos de la Junta, abogados, mediadores e "intrusos" que no tenían derecho a las ayudas.

Entre otros, imputa a José María Bueno Lidón, Braulio Medel y Francisco del Río, ex jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

También cita de nuevo como imputados a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo andaluz, a Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, y a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, además de diferentes ex directores generales de la Junta y responsables del IFA e IDEA que comparecerán en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla entre el 19 y 23 de mayo próximos.