Bruselas da luz verde a que España invierta 700 millones en tecnologías limpias

BRUSELAS (EFE). La Comisión Europea (CE) aprobó este jueves un plan español de 700 millones de euros para apoyar inversiones estratégicas que aumenten la capacidad de fabricación de tecnologías limpias, en consonancia con los objetivos del Pacto Industrial Limpio.

“Esta medida contribuirá a la transición hacia una economía con cero emisiones netas”, indicó en un comunicado la CE, que precisó que el plan se ha aprobado en virtud del marco de ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio (CISAF) adoptado en junio pasado.

De acuerdo con la información notificada por España a la CE, el objetivo del régimen es conceder ayudas a las inversiones que aumenten la capacidad de producir tecnologías de cero emisiones netas, enumeradas en un anexo del CISAF, así como la producción de sus principales componentes específicos.

En el marco del régimen, la ayuda adoptará la forma de subvenciones directas y podrá concederse hasta el 31 de diciembre de 2028, precisó la CE, que añadió que la medida estará abierta a las empresas de todo el territorio español.

La Comisión consideró que el régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en la sección 6.1 del CISAF. Agregó que la ayuda incentivará la producción de tecnologías limpias, así como de sus principales componentes específicos.

Así, concluyó que el régimen español es "necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Pacto Industrial Limpio".

Por todo ello, la Comisión aprobó la medida española de ayuda con arreglo a las normas de la UE en materia de ayudas estatales.

El CISAF permite diferentes tipos de ayudas, que los Estados miembros pueden conceder hasta el 31 de diciembre de 2030 con el fin de acelerar la transición ecológica: medidas que aceleran el despliegue de las energías renovables y los combustibles con bajas emisiones de carbono, o que permitan una reducción temporal del precio de la electricidad para los usuarios intensivos en energía.

Igualmente, que contribuyan a evitar que las actividades industriales se deslocalicen a lugares con una legislación medioambiental más laxa, que faciliten la descarbonización de los procesos industriales, que garanticen una capacidad suficiente de fabricación de tecnologías limpias, y que reduzcan el riesgo de las inversiones privadas necesarias para el despliegue de la energía limpia.