VALÈNCIA (EFE). El ministro de Derechos Scoailes, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este martes el decreto ley que prorroga los alquileres como una medida "razonable", "proporcionada" y de "sentido común" ante un hemiciclo del Congreso con la mitad de escaños vacíos.

Apoyado desde la bancada del Gobierno por la única presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y desde la tribuna de invitados por un grupo de inquilinas afectadas, Bustinduy ha destacado que la prórroga "brinda protección inmediata a tres millones de personas".

También ha señalado que, aunque hoy no sea convalidado, el decreto que se vota es una "gran victoria" para el movimiento de la vivienda y ha servido, ente otras cosas, para que muchos arrendatarios puedan " renegociar los contratos desde una posición de fuerza".

El ministro ha hecho hincapié en que lo que se vota hoy en el Congreso es si la vivienda es "un derecho o un activo especulativo" y si las familias inquilinas "pueden seguir viviendo en su casa o si se encuentran con una subida de alquileres que no pueden asumir para ver que se instala en su casa un alquiler turístico o uno fraudulento de temporada".

Tras asegurar que miles de personas han solicitado la prórroga de sus contratos durante el mes en que ha estado vigente el decreto, ha insistido en el impacto "grande" que esta medida tiene en la vida de los ciudadanos y ha apelado a la "responsabilidad y la finalidad última de la política" para pedir el respaldo de los grupos.

Bustinduy ha asegurado que el 75 % de los españoles apoya este decreto y que son votantes de todos los partido políticos y todas la comunidades autónomas y ha advertido al PP, Vox y Junts, que "tomarán nota" de su voto en contra.

También ha incidido en que la vivienda en España está "en manos de un puñado de agentes financieros que lo utilizan como aspiradora de las rentas de las familias".

Según sus datos, esta prórroga supone un alivio económico de 2.000 euros al año para un hogar medio y de hasta 600 euros al mes en las grandes ciudades.

Sobre el argumento que esgrime Junts, entre otros grupos, de que el Estado debe asumir coste de esta protección, ha dicho que este argumento "no tiene sentido en este caso porque la prórroga no supone una merma de rentas, más que para los agentes financieros que quieren aumentarlas un 50 o un 60 por ciento".

También ha rechazado que este decreto pueda conllevar una reducción de la oferta de vivienda, sino que, a su juicio, "sirve para protoger la oferta impidiendo su fuga a usos especulativos".

"Esta votación no va ni siquiera de dos modelos de vivienda, se vota una solución concreta, inmediata, razonable, con la que no pierde nadie", ha resumido Bustinduy, que se ha comprometido en su intervención a que "pase lo que pase hoy" seguirá "con la determinación intacta y con la cabeza bien alta, defender el derecho a la vivienda".