MADRID/VALÈNCIA (EFE). Un total de 1.174.978 inmigrantes (167.000 en la Comunitat Valenciana) han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de 608.000 de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitados a EFE, que indican que el 67 % de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur.

Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26 % de las mismas, seguido de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %).

Las comunidades autónomas donde se ha registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000, seguida de Madrid (202.000), Comunitat Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).

En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que la medida extraordinaria va a permitir que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha celebrado la ministra.

El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este periodo por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.

Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.