MADRID (VP/EP). CC.OO. se sumó ayer a la convocatoria de huelga general en el sector público para el próximo 2 de junio anunciada ya por UGT y que secundará también CSI-CSIF. Las tres organizaciones pretenden mostrar su rechazo al recorte de los salarios de los funcionarios anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Así lo anunció el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO., Enrique Fossoul, tras la reunión de su Comité Federal, en la que explicó que el calendario de movilizaciones arrancará el próximo día 20 de mayo, víspera de la aprobación del decreto ley que regula los recortes, con manifestaciones en todas las capitales de provincia.
Por su parte, UGT, que también comenzará sus actividades reivindicativas el día 20, aseguró que realizará "cuantas movilizaciones sean necesarias" en consonancia con la evolución que tome la posible aplicación de las medidas para reducir el déficit.
Tras las primeras reuniones, CC OO celebrará una concentración "a nivel estatal" el mismo día que el decreto se someta a votación en el Congreso de los Diputados, y los actos de protesta culminarán el día 2 de junio con la huelga general de todo el sector público, a la que CC.OO. no descarta sumar otros sectores. Ese mismo día, UGT saldrá a la calle para protestar en contra de las medidas del Gobierno.
CC OO afirmó también que hoy tiene previsto a todos los secretarios generales de las federaciones del sindicato para, a partir de ahí, valorar cuál debe ser la respuesta sindical que se planteará ante el paquete de medidas del Gobierno.
Fossoul destacó que el recorte "no es la solución para salir de la crisis" y supone un "incumplimiento unilateral" del acuerdo al que llegó el Gobierno con los funcionarios y que ya contenía "medidas de contención salarial suficientes" para suponer la operación de su "elemento de solidaridad a la salida de la crisis".
EMPOBRECERÁN A DOCE MILLONES DE ESPAÑOLES
En este sentido, destacó que los recortes "no son la solución" y "empobrecerán" a 11 millones de españoles -2,5 millones de funcionarios y 8,5 millones de pensionistas que verán congeladas sus prestaciones sin consultar a los sindicato-, lo que afectará negativamente el consumo.
Asimismo, lamentó que las medidas se apliquen "al dictado de la Unión Europea", como ocurrió a Grecia y ocurrirá a Portugal, Italia y Francia por imposición de los mercados. "Quienes deciden la política económica para salir de la crisis son los mismos que la provocaron", lamentó.
"Es un ataque sin precedentes al Estado del Bienestar", incidió Fossoul, quien advirtió que el recorte de sueldos, junto a la reducción de al oferta de empleo público, "afectará a la capacidad de eficiencia de los servicios".
