VALÈNCIA. Conseguir una llamada telefónica con el Ministerio de Universidades se ha convertido en toda una carrera de obstáculos para las decenas de miles de personas que intentan homologar su título universitario. El proceso arrastra un sinfín de problemas desde hace años, hasta el punto de que el volumen de expedientes sin resolver llegó a estimarse en 100.000. Las últimas medidas tomadas han permitido reducir el cúmulo de expedientes - hasta unos 80.000, según el Tribunal de Cuentas - aunque los afectados siguen siendo críticos con los plazos de resolución por superar el límite legal, y por la deficiencia de los canales de ayuda ofrecidos por el Gobierno central.
Cabe mencionar que el departamento que encabeza Diana Morant cuenta con varios canales de asistencia a las personas que se encuentran en proceso de homologación y equivalencia, entre ellos un formulario de consulta y un servicio de asistencia telefónica que precisa de cita previa. No obstante, el usuario que entra a la web donde pedir cita previa se encuentra con un importante aviso: "Debido a la alta demanda del servicio, es posible que no haya citas disponibles en los próximos días". Los turnos se ofrecen con una antelación de 15 días y el propio portal recomienda revisar periódicamente la disponibilidad. Además, cabe destacar que no se puede solicitar una nueva llamada hasta 90 días después de haber recibido la última.
Tal y como ha venido explicando este periódico en los últimos meses, la dificultad para encontrar una cita es máxima. La organización Homologación Justa Ya (HJY) detectó un mercadeo de citas telefónicas a través de redes sociales en los que algunos usuarios conseguían turno por un precio de entre 40 y 80 euros, aunque en ocasiones podía alcanzar los 200 euros. La situación se encuentra denunciada ante la Policía Nacional y se ha trasladado al Defensor del Pueblo, tal y como pudo constatar este periódico.
A ello se suma un informe publicado este mismo mes por HJY que realiza un seguimiento sobre el reconocimiento de títulos profesionales en España a través de unas 700 entrevistas realizadas el pasado mes de noviembre. El estudio concluye que el 89% de los homologantes encuestados no ha logrado una cita telefónica con el Ministerio de Universidades, lo que para esta organización refleja "las dificultades persistentes del sistema". De hecho, HJY considera que los resultados ponen de manifiesto "la falta de accesibilidad y transparencia del sistema de cita".
Ante esta situación, muchas personas se quedan sin atención o "recurren a vías alternativas ante la ausencia de canales eficaces". Es en este punto donde entra en escena el sistema de reventa de citas en redes sociales. Un 6% de las personas encuestadas aseguran haber pagado para poder acceder a la asistencia ofrecida por Universidades. La mayoría de ellos ha pagado un precio situado en la horquilla de los 60-70 euros, mientras que un tercio ha desembolsado más de 70 euros.
Para esta entidad, los resultados "evidencian" que el acceso a la cita telefónica ha generado un coste económico significativo, al convertir un trámite administrativo gratuito en "una barrera adicional para los solicitantes". No obstante, para muchas personas afectadas el descontento no termina al lograr una cita. Tres de cada cuatro encuestados que han utilizado este servicio aseguran que durante la llamada no se les ofreció nueva información sobre su proceso de homologación o equivalencia. Desde HJY critican la "limitada" eficacia de este canal de ayuda, aunque reconocen que aquellos usuarios que logran que su expediente avance tras la cita telefónica suelen lograr que el proceso de homologación termine y obtengan finalmente la credencial que les permita ejercer su profesión en España.
En declaraciones a Plaza, representantes de la organización remarcan que la demanda es demasiado elevada para los turnos que ofrece el Ministerio. "Las citas se esfuman", remarcan. Además, explican que desde HJY recomiendan a los usuarios no acceder a la compra de citas a través de las redes sociales y abogan por ser perseverantes a través del portal web oficial. No obstante, aseguran que la "desesperación" de las personas afectadas al ver que algunas de las que han logrado un turno han conseguido agilizar su expediente lleva a que muchas personas terminen accediendo a este mercadeo.
El formulario de consultas, desconocido para los usuarios
Por otro lado, el informe analiza la situación del formulario de consultas de expedientes en tramitación. El 76% de las personas encuestadas no sabían para qué servía el formulario de consultas, mientras el resto sí lo había empleado en alguna ocasión. No obstante, 6 de cada 10 usuarios de este formulario aseguran no haber recibido ninguna respuesta, mientras que un 14% dice haber obtenido una contestación genérica.
Desde HJY remarcan que se esperaba que este sistema permitiese una respuesta personalizada a los afectados, pero hasta ahora la mayoría de los casos aseguran no haber obtenido información útil o avances concretos sobre su expediente. "Este canal no está cumpliendo con su función formativa ni de acompañamiento, generando frustración, incertidumbre y una percepción generalizada de ineficiencia administrativa", apunta el estudio.
