MADRID (EP). El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que España es un país "especialmente atractivo" para la inversión extranjera directa, ya que continúa diversificando su economía y ofrece oportunidades en sectores y actividades con un importante valor añadido, aunque advierte del creciente uso de "mecanismos legislativos de emergencia", añadiendo que el entorno regulatorio, la elevada fiscalidad y el aumento de los costes son áreas susceptibles de mejora.
En su informe sobre 'Clima de Inversión en España', publicado a finales de septiembre, el Departamento liderado por Marco Rubio, recuerda que la economía española fue la que más creció entre los grandes países de la UE y hace hincapié en que España se encuentra situada "estratégicamente" en la encrucijada del Atlántico y el Mediterráneo, incluyendo puntos estratégicos clave para el tránsito marítimo, por lo que constituye una importante puerta de entrada para las empresas estadounidenses al mercado único de la UE.
Asimismo, destaca que el país dispone de mano de obra cualificada en sectores clave, así como de un amplio mercado interno y unos costes energéticos relativamente bajos, además de infraestructuras de primer nivel, incluyendo la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa, puertos modernos y redes de telecomunicaciones avanzadas, que facilitan la eficiencia de las operaciones comerciales de las empresas del país.
Por otro lado, recuerda que España es miembro de la UE y su marco regulatorio nacional es comparable al de otros países europeos importantes, si bien advierte de que los trámites de permisos y licencias pueden ocasionar retrasos significativos y la aplicación y eficacia de la normativa a nivel regional "son desiguales".
En este sentido, pone de manifiesto que "el Gobierno español reconoce el valor de la inversión extranjera y la considera un elemento clave de su transformación económica y de la continua modernización de España" y destaca que la legislación española permite, en general, que los inversores extranjeros posean hasta el 100% de las empresas del país, sujetas a requisitos de control de inversiones y restricciones sectoriales, mientras que la libre circulación de capitales está totalmente liberalizada.
"Gracias a su apertura y al marco jurídico favorable a la inversión extranjera, España ha recibido importantes inversiones extranjeras en actividades de alta tecnología", concluye.
Críticas
No obstante, el documento del Departamento de Estado de EEUU apunta que, a pesar del crecimiento económico, España aún se enfrenta a diversos retos económicos, ya que los inversores consideran que el entorno regulatorio, la elevada fiscalidad y el aumento de los costes, en particular de la mano de obra y la energía, son áreas susceptibles de mejora.
"Si bien se han logrado algunos avances, los trámites burocráticos pueden seguir siendo engorrosos y lentos, lo que podría retrasar las operaciones comerciales", apunta.
Asimismo, considera que la divergencia en las normativas regionales y la falta de un mercado interno uniforme en algunos sectores pueden limitar aún más el crecimiento empresarial y advierte de que, si bien la tasa de desempleo ha caído a mínimos históricos y la productividad ha experimentado modestos avances, el desempleo en España sigue siendo alto y el crecimiento de la productividad sigue siendo débil en comparación con otras economías europeas importantes.
En su análisis del régimen legal en España, el informe del Departamento de Estado se hace eco de las críticas de las empresas sobre la falta de previsibilidad, señalando la dificultad de mantenerse al día con la evolución de la normativa en el país, donde gran parte de las nuevas regulaciones se aprueban a nivel regional, lo que en algunos sectores puede requerir la comprensión de hasta 17 conjuntos de normas diferentes para hacer negocios y podría contribuir a la falta de integración del mercado.
Además, advierte de que el aumento en los últimos años del uso de mecanismos legislativos de emergencia, que no pasan por procesos de consulta pública, "puede pillar desprevenidas a algunas empresas".
Por otra parte, considera que los procesos de contratación pública en España "a veces carecen de transparencia o sufren retrasos sin justificación clara", mientras que avisa de que la priorización por la normativa española de las ofertas de menor coste puede limitar la capacidad de evaluar plenamente otros factores como la calidad, la fiabilidad o la trayectoria.
"Este enfoque puede generar oportunidades para la participación de entidades con apoyo estatal o proveedores con poca experiencia", afirma el Departamento de Estado de EEUU, añadiendo que, en algunos casos, los resultados de las licitaciones que favorecen a competidores locales han suscitado dudas sobre la influencia de criterios no explícitamente definidos en las bases de la licitación.
Por otro lado, si bien subraya que el ordenamiento jurídico del país ofrece seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad, considera que la legislación española, junto con la acumulación de casos en los tribunales y la falta de personal en el sistema judicial, "facilita que los okupas ocupen viviendas vacías durante años", con escasas posibilidades para que los propietarios recuperen sus propiedades.
En este sentido, a pesar de las modificaciones legislativas introducidas en 2018 para agilizar los desahucios por vía civil, destaca que el tiempo medio de resolución de un desahucio en 2021 seguía siendo de 18 meses. Además, añade que, en mayo de 2023, España aprobó la Ley del Derecho a la Vivienda, que regula los desahucios y protege a los ocupantes de viviendas consideradas vulnerables frente a los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria.
Laudos renovables
En cuanto a la seguridad para los inversores extranjeros, el informe recuerda que España acometió en 2011 una reforma de su sistema de tarifas para energías renovables, incluyendo la supresión de ciertas medidas, lo que desencadenó una oleada de más de 50 demandas arbitrales contra España en virtud de tratados de inversión, principalmente bajo el Tratado de la Carta de la Energía, del cual España se retiró en 2024.
En este sentido, si bien más de dos tercios de las demandas resultaron en laudos favorables a los inversores, quienes ahora intentan ejecutarlos ante tribunales de todo el mundo, el informe señala que "España se ha resistido sistemáticamente, hasta la fecha, a la ejecución de los laudos en este asunto", alegando, entre otros motivos, inmunidad estatal y cumplimiento de la legislación de la UE.
