MADRID (EFE). El Congreso dará luz verde este jueves (a falta de la votación) al decreto ley que recoge algunas de medidas que Junts venía reclamando al Gobierno, como el aplazamiento del reglamento Verifactu o el permiso para que comunidades y ayuntamientos destinen el superávit de 2024 a inversiones sostenibles en los próximos años.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de defender el decreto ley, que previsiblemente contará con el apoyo de los socios habituales del Gobierno, incluido Junts, y el voto en contra de PP y VOX.

El diputado de Junts Josep Pagès ha insistido en que el Gobierno, "por fin, se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros"; y ha recordado que el decreto "solo incluye temas planteados por Junts".

"Se evidencia que mantener una posición y forzar hasta el límite al Partido Socialista da resultados y sirve para cambiar las cosas", ha considerado Pagès.

El decreto ley que se va aprobar este jueves incluye el aplazamiento a 2027 de la adaptación de pymes y autónomos a los requisitos que establece el reglamento Verifactu para los sistemas informáticos de facturación, una petición de los autónomos que da respuesta a "una demanda de interés general", ha dicho Torres.

Algunos portavoces han lamentado que se haya hecho esta modificación con tan poca antelación y cuando muchos empresarios ya habían hecho el esfuerzo y la inversión para adaptarse al nuevo sistema.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha propuesto compensaciones, como por ejemplo deducciones fiscales, "para no penalizar a los contribuyentes responsables"; mientras que Inés Granollers, de ERC, ha lamentado la confusión que ha generado este retraso y ha calificado el decreto de "churro".

La norma, por otra parte, permite a las comunidades autónomas y entidades locales utilizar el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027, lo que favorecerá la actividad inversora de estas administraciones sin que compute en la regla de gasto ninguno de esos tres años.

Asimismo, incluye la devolución a Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.

El PP se ha manifestado en contra, ya que, según su diputado Antonio Román, "no puede ser convalidado por mezclar materias inconexas con una finalidad política evidente (...) por dañar la seguridad jurídica de los autónomos, y por llegar tarde y sin diálogo en el ámbito municipal".

Ha remarcado que su grupo no está de acuerdo con la transferencia de competencias exclusivas del Estado y ha anunciado que utilizarán todas las vías para frenar cualquier medida contraria a la Constitución o que rompa la igualdad de los españoles.

El diputado de VOX Juan José Aizcorbe ha dejado claro que su partido "no va a entrar en el juego del chantaje legislativo y no va a permitir que se use el Congreso como ventanilla de pago para exigencias de quiénes solo creen en España cuando pueden destruirla".