MADRID (EP). El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley por el que se revaloriza el salario de los funcionarios públicos con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
El PP y Vox han reprochado este jueves al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que haya aprobado la subida salarial para los funcionarios públicos mediante un decreto ley y sin diálogo.
Con esta norma se hará efectiva la parte del incremento correspondiente a 2025 y 2026, un 4% ya en las nóminas de enero, y que podría elevarse en medio punto porcentual más si al final del próximo año la variación del IPC fuera igual o superior al 1,5%.
El decreto ley regula exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2025 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo en este año, y para aprobar con efectos de 1 de enero de 2026 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026.
Subidas para 2025 y 2026
En 2025 se establece para el sector público una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, y actualizados este año con un 0,5% más. Y para 2026 se establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, actualizados en este real decreto-ley, con efectos de 1 de enero de 2026. Adicionalmente, se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si se cumplen las condiciones establecidas respecto a la inflación.
Las normas que regulan el incremento retributivo contenidas en este Real Decreto-ley son aplicables a todas las Administraciones públicas, es decir tanto al sector público estatal, como también al del sector público autonómico y local. Fruto del mismo, en el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde enero de este año.
Las Administraciones públicas, por su parte, establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.
Aunque el decreto regula las subidas de 2025 y 2026, el Gobierno firmó un acuerdo con UGT y CSIF para subir hasta un 11% el salario de los funcionarios hasta 2028, de modo que para 2027 subiría un 4,5% y para el último año del periodo se alzaría otro 2%. CCOO se sumó más tarde a este acuerdo.
Afectará a más de tres millones de personas
Durante el debate de la iniciativa, el ministro López ha enfatizado que mediante la norma se sube el sueldo a más de tres millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas.
"Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad", ha subrayado López.
En el debate de la iniciativa, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG han avanzado su voto a favor de la convalidación, pero PP y Vox han arrojado un tono más crítico con el Ejecutivo.
Vox critica que se deje para final de año
El diputado de Vox Pablo Sáez ha reprochado que para aprobar la subida salarial se tenga que recurrir a la figura del decreto ley, lo que en su opinión demuestra la "ausencia de una política presupuestaria" y a un Gobierno que deja "para final de año" la subida de los salarios públicos.
Del lado del PP, Ángel Ibáñez ha espetado al Gobierno que han llevado a cabo esta medida sin ningún tipo de diálogo y ha alertado de que deja sin capacidad de reacción a las comunidades autónomas que tienen que ejecutar la subida, puesto que muchas ya tienen elaborados sus presupuestos sin tener en cuenta esta revalorización salarial.
No obstante, Ibáñez ha remarcado el compromiso del PP "con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos" y con la estabilidad en el empleo.
