MADRID (EFE). El pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PP para castigar la ocupación de viviendas con medidas como penas de hasta tres años de cárcel, que ha sido respaldada por Vox, Coalición Canaria y UPN.

Se trata de la "proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios", que ya fue tomada en consideración en el Senado y trasladada al Congreso para valorar su tramitación.

Algunos de sus puntos principales son: desalojo voluntario en un plazo muy breve y lanzamiento forzoso posterior si no hay acreditación de título, endurecimiento de las penas, cambio para que la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal sea nula y posibilidad de cortar suministros sin que ello se considere delito de coacciones.

La toma en consideración es el primer paso para debatir la iniciativa, que ha contado con 171 votos a favor (PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro), 11 abstenciones (PNV y Junts) y 164 en contra del resto de grupos de izquierda, que han criticado que se proponga criminalizar a familias que no pueden pagar una vivienda mientras se beneficia a los grandes tenedores, y que se den datos falsos.

El diputado del PP Sergio Sayas ha hecho hincapié en que el Senado envió al Congreso esta proposición de ley hace 24 meses, pero "la señora Armengol -en referencia a la presidenta del Congreso- decidió guardar el texto en un congelador" en un "claro ejercicio de totalitarismo antidemocrático".

Ha sostenido que "la ocupación ha crecido de manera exponencial", con un total de 100.000 viviendas ocupadas e "inquiocupadas", y que el Gobierno socialista "se está poniendo del lado de los delincuentes".

A favor de la propuesta ha votado Vox, cuyo diputado Ignacio Hoces ha afirmado que "va en la buena dirección pero se queda corta" y ha defendido que hay que expulsar a los extranjeros que cometan usurpación y no conceder viviendas públicas a los usurpadores.

El diputado de UPN Alberto Catalán ha apoyado la norma, especificando incidentes protagonizados por okupas en Navarra, mientras que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha afirmado que votar a favor ahora no supone aprobarla, sino comenzar el trámite para debatir y modificar un texto con el que su grupo no está totalmente de acuerdo.

El diputado socialista Raúl Díaz ha rechazado la iniciativa al considerar que intenta "blanquear" las malas políticas del PP, y que su fin no es proteger a los pequeños propietario, sino "al gran especulador".

A su juicio no hay datos que avalen la crisis de la que habla el PP y "no se puede tratar igual al jeta que ocupa que a un padre o madre que llevan años pagando un alquiler y ahora no pueden". "Es pura violencia social consciente", ha añadido.

La diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, se ha opuesto a una iniciativa que "no tiene redactores, sino patrocinadores" que son bancos y fondos buitre.

"Con la que está cayendo ahí fuera, con la situación de la vivienda en España, bastante paciencia está teniendo la gente. Si tú tienes a tu familia y no tienes dónde ponerlos a cubierto (...) hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro", ha añadido.

Desde el PNV Mikel Legarda ha citado las leyes que protegen contra la ocupación ilegal y permiten restaurar la propiedad al dueño legítimo, precisando que la atribución que propone dar el PP a las fuerzas y seguridad el Estado es "desproporcionada".

Marta Madrenas, de Junts, ha advertido de que sobre la ocupación se tratan de hacer "debates falsos", bien negando el problema o utilizándolo a favor de unos postulados políticos, y ellos quieren menos "eslóganes" y más eficacia.