MADRID. (EFE) El Congreso vota este martes la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, un paso previo fundamental de cara a la elaboración de los futuros presupuestos de 2027, que todo apunta a que será rechazada con el voto en contra de Junts, junto al de PP y Vox.
El Gobierno mantiene su intención de presentar el proyecto de presupuestos de 2027 a pesar de la pérdida de apoyos políticos y avanza con los trámites previos: tras actualizar el cuadro macroeconómico y publicar la orden de elaboración de las cuentas, esta semana ha aprobado la senda de estabilidad y el techo de gasto.
Para 2027 el Ejecutivo ha fijado un límite de gasto no financiero o techo de gasto de 226.032 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 6,6 % el gasto nacional de este año -un 4,6 %, si se tienen en cuenta los 4.151 millones en fondos europeos de 2026- con los que el ministro de Hacienda, Arcadi España, aspira a confeccionar unos presupuestos "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal".
El Consejo de Ministros también ha aprobado una senda de estabilidad que replica el proceso de reducción del déficit publico del plan fiscal y estructural: 1,8 % del PIB en 2027, 1,6 % del PIB en 2028 y 1,5 % del PIB en 2029.
Voto decisivo de Junts
Para sacar adelante esta senda en el Congreso, el Gobierno necesita el apoyo de todos sus socios de investidura, incluido Junts, que advirtió que la rechazaría si se mantenía el margen de déficit autonómico planteado el pasado año, como ha ocurrido.
El Gobierno ha incluido en la senda un límite de déficit para las regiones del 0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, lo que equivale a un margen de gasto de 5.849 millones de euros en el periodo que se integraría en los objetivos globales si las metas propuestas no son aprobadas.
La administración central acaparará la mayor parte del margen de déficit -1,5 % del PIB en 2027, el 1,4 % del PIB en 2028 y el 1,3 % del PIB en 2029-, mientras que el de la Seguridad Social será del 0,2 % del PIB en 2027 y 0,1 % del PIB en 2028 y 2029, y las corporaciones locales tendrán que lograr equilibrio.
La senda de estabilidad prevé que la deuda pública baje del 99,1 % del PIB esperado para este año al 97,6 % del PIB en 2027, el 96,4 % del PIB en 2028 y el 95,3 % del PIB en 2029 y la regla de gasto nacional -que es distinta de la europea que vigila Bruselas- fija un aumento máximo del 4 % en 2027, el 3,8 % en 2028 y el 3,6 % en 2029 para todas las administraciones.
Camino al primer presupuesto de la legislatura
En caso de que, como parece previsible, la senda de estabilidad sea rechazada en el Congreso, el Gobierno tendrá que volver a aprobarla en Consejo de Ministros en el plazo de un mes, ya sea la misma o una nueva (en cuyo caso, tendría que volver a pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera).
Si el Congreso la aprueba pero el Senado la rechaza, el texto volvería a la Cámara Baja, que podría retirar ese veto.
Y si las Cortes rechazan tanto la primera como la segunda senda, entrarían en vigor los objetivos pactados con Bruselas, que recogen las mismas metas de déficit pero sin repartirlas entre subsectores, lo que implicaría una pérdida de margen presupuestario para las administraciones territoriales y cerraría la puerta a la posibilidad de acordar objetivos de déficit asimétricos para las regiones.
En cualquier caso, esto supondría culminar los trámites previos a los presupuestos y dejaría vía libre vía libre al Gobierno para elaborar y aprobar unos presupuestos ajustados a esas metas, que de acuerdo al calendario normativo tendrían que entrar en el Congreso antes de octubre.
Esos futuros presupuestos de 2027 serían los primeros de esta legislatura, ya que no se ha presentado ningún proyecto desde las cuentas de 2023, que siguen vigentes tras tres prórrogas.
