MADRID (EP). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos como entregas a cuenta.
Montero, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha afirmado que este decreto ley recibió el voto en contra del PP, aunque posteriormente "reprochó al Gobierno el no haberlo aprobado, también en la Conferencia de Presidentes".
"Vamos a volver a llevarlo a ver si ahora el PP cambia de opinión y le da oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan esos recursos y que siendo incluso del color político del PP, por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, no vieron la luz", ha subrayado Montero.
En este contexto, la vicepresidenta primera ha defendido que "sobran los motivos" para que el Gobierno pueda completar en esta legislatura todo el programa de gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, anunció en su investidura.
"Nosotros necesitamos completar esta legislatura para continuar el enorme proceso de transformación que está haciendo este Gobierno (...) La economía va mejor que nunca, tiene récord de afiliación, casi 22 millones de personas trabajando. Tenemos en este momento una subida del salario mínimo interprofesional que ha mejorado de forma sustancial la vida de los ciudadanos y ahora más un pensionista cobra 400 euros más de media de lo que cobraba en la etapa del PP", ha recalcado Montero.
"Tenemos muchas tareas pendientes, mucha labor que desarrollar y por tanto nos sobran los motivos para estar comprometidos ilusionados y para impulsar la legislatura", ha concluido la titular de Hacienda.
La reacción de la GVA
La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha acusado al Gobierno de España de haber "retenido" durante seis meses las entregas a cuenta y ha exigido a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que no "tome por tontos a los ciudadanos de este país ni a los de la Comunitat Valenciana" porque este es "dinero de todos los valencianos".
"Ahora sí le interesa políticamente por puro tacticismo aprobarlas y parecer que ellos son necesarios, pero si las comunidades autónomas no reciben el dinero es puro tactitismo político. Lo ha sido durante todo este tiempo y lo es aprobarlo justamente mañana", ha argumentado Merino, en declaraciones remitidas a los medios este lunes.
A juicio de la consellera, el Gobierno de España "no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para atender las necesidades de los ciudadanos de esta comunidad en ningún momento". "Ha utilizado siempre la asfixia financiera de la Comunitat Valenciana durante todo este tiempo como armamento político para conseguir cosas y ahora vuelven a hacerlo con el tema de la actualización de las entregas a cuenta", ha censurado.
Merino ha exigido que el real decreto sea "únicamente para aprobar la actualización de las entregas a cuenta" y que, "inmediatamente", el Ejecutivo central apruebe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario "que la Generalitat necesita para pagar a los proveedores de los servicios fundamentales". "No es de recibo que, después de 13 años, por tacticismo no se haya aprobado todavía", ha insistido.
En el Gobierno "han estado mintiendo"
Por su parte, fuentes de la Generalitat han asegurado que las declaraciones de la ministra de Hacienda demuestran que en el Gobierno "han estado mintiendo y reteniendo fondos que son de las autonomías". "Anuncia ahora lo que debería haber aprobado hace meses, la actualización de las entregas a cuenta", han afeado a Montero.
Al respecto, han cuestionado que lo que la titular de Hacienda "presenta como una solución es, en realidad, la corrección de una injusticia mantenida de forma deliberada". "Ha estado reteniendo recursos que son de las CCAA y ayuntamientos, dificultando su planificación y gestión", ha denunciado. Y en el caso de la Comunitat, precisan estas fuentes, desde el 1 de enero el Gobierno "se ha estado quedando con 165 millones al mes de los valencianos".
Mientras, han reprochado al Gobierno sus "pretextos constantes para no transferir lo que corresponde", primero cuando "alegaron la falta de Presupuestos Generales del Estado" y después cuando el decreto 'ómnibus' no fue aprobado. "Cada vez, una excusa nueva para evitar transferir lo que es de todos", han criticado.
Por ello, han considerado que el Ejecutivo central aprueba ahora las entregas a cuenta por "pura debilidad política": "El Gobierno actúa por presión de sus socios, no por responsabilidad institucional. Se ve acorralado por los escándalos de corrupción y por su propia fragilidad parlamentaria. Esta no es una rectificación, es una concesión táctica ante su aislamiento político".
"No hay excusas" para el extra FLA
En cualquier caso, para el Consell ahora "no hay excusas" para no aprobar también el extra FLA, que "solo requiere de aprobación en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, voluntad política". Al respecto, el gobierno valenciano ha lamentado que la ministra Mª Jesús Montero no haya hecho "ninguna mención" a la aprobación del extra FLA, lo "hace temer" que pretende "prolongar la asfixia" a la Comunitat Valenciana "en su peor momento" por "puro tacticismo político y pese a que se han cumplido todos los hitos que ha ido poniendo el Ministerio".
Dicho esto, estas mismas fuentes han advertido de que la Generalitat "no podrá atender el pago de suministros básicos como farmacia" si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mantiene su asfixia" y no aprueba de forma urgente el extra FLA.
En este sentido, han expuesto que la "foto de tesorería de la Generalitat a 30 de abril revela la asfixia financiera": "En la cuenta 413 hay 2.045,8 millones, de los que 1.280 millones son deuda comercial; a esta cantidad se suman las facturas ya contabilizadas pero impagadas por falta de liquidez, que han pasado de 280,7 millones en marzo a 487,4 millones en abril; y en total la deuda comercial a 30 de abril asciende a más de 1.767 millones".
Los sectores más afectados, han advertido estas fuentes, son la farmacia hospitalaria y farmacia por receta, las empresas proveedoras de productos y servicios sanitarios, los servicios esenciales como limpieza, seguridad, mantenimiento o transporte, los conciertos con residencias y las academias y centros de formación. "Todo este tejido económico valenciano está siendo castigado por la estrategia de asfixia del Gobierno, y quien paga las consecuencias es la ciudadanía", han lamentado desde el Consell.
El Consell "lidera" la exigencia
Frente a ello, han reivindicado que el gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón "ha liderado la exigencia del extra FLA, un mecanismo imprescindible mientras no se compense la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana", y "consiguió" incluir este asunto en el orden del día de la pasada Conferencia de Presidentes, con "el apoyo de todas las autonomías del PP y sin ninguna respuesta de Sánchez".
Además, han apuntado que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) lo ha reclamado al Ministerio, "también sin éxito", y que se trata de una exigencia que tiene "el respaldo de expertos y comunidad científica".
Pide al PSPV que rectifique y carga contra Morant
Por todo ello, desde la Generalitat han exigido al PSPV que rectifique y "se una a esta reclamación" y han considerado "incomprensible la falta de apoyo" de la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la que han acusado de "volver a anteponer los intereses de Sánchez a los derechos de los valencianos".
"El Gobierno de Sánchez ha convertido la financiación autonómica en una herramienta de castigo político. Hoy, la Comunitat Valenciana vive una situación crítica: deuda comercial disparada, retrasos en los pagos a proveedores, servicios comprometidos... y en plena reconstrucción tras la peor catástrofe natural sufrida por la autonomía", han insistido.
