MADRID (EFECOM). El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha confirmado este miércoles que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido. Según ha recordado, hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador de la iniciativa, y ha adelantado que si las propuestas de la CEOE y CC OO y UGT son "razonables, serán bien recibidas".

El titular del departamento ha explicado que en el diálogo que se ha mantenido con los agentes sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentará que el real decreto-ley sea "equilibrado". Fruto de estas divergencias, el Ejecutivo tuvo que retrasar la presentación del plan, aunque el ministro ha matizado que no estaba previsto que fuera sometido a un "período de negociación" con los interlocutores sociales. Lo que se acordó entre todas las partes, ha recordado, era que la iniciativa gubernamental se sometería a un "período de consultas".

Valeriano Gómez ha descartado que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.

En cuanto a los detalles del plan, ha apuntado que todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" será de "dos o tres meses". Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.

En este punto, Valeriano Gómez ha querido precisar que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro", lo que supone que haya más empleo irregular declarado, porque supondrá más ingresos para el Estado. El ministro, en cualquier caso, ha eludido concretar cuánto empleo sumergido aflorará con el plan, porque hablar del "trabajo negro, oculto es difícil".

Lo que sí ha querido dejar claro es que con el plan del Ejecutivo "ganan todos", porque cada que vez que las empresas y los trabajadores coticen por su nueva situación se estará generando protección social.

El plan del Gobierno prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro. Esto les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades. Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las actuales.