MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, para limitar este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

"Esta ley personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras (...) Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La titular de Sanidad ha asegurado que esta ley "pondrá coto" a casos "absolutamente obscenos" como los que se han dado en los últimos meses. Así, se ha referido, por ejemplo, a los audios filtrados sobre supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, para aumentar el beneficio económico de la compañía, y a los problemas sucedidos por la externalización de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

García ha aseverado que no son "casos aislados", sino que se trata de un "problema estructural". También ha argumentado, en línea con la evidencia científica, que la privatización tiene consecuencias en la calidad de la asistencia de los pacientes, generando un aumento de las infecciones, de la mortalidad evitable y mayor desigualdad.

La nueva normativa establece que la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria solo se permitirá cuando no sea posible la prestación directa por parte de administraciones o entidades públicas, estén garantizadas la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Además, cuando se quiera implantar un modelo de este tipo, se deberá someter a una evaluación previa obligatoria que incluya una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria y el análisis de un comité compuesto por expertos del ámbito sanitario, representantes de profesionales y de la sociedad civil.

Este informe y su resolución deberán ser publicados en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la administración sanitaria. En el caso de concesiones de servicios, se requerirá un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.

En todo caso, el anteproyecto introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público por la que se priorizará a entidades sin ánimo de lucro si hay empate.

El texto recoge una regulación específica para los consorcios sanitarios, que deberán estar adscritos obligatoriamente a una administración sanitaria; estarán sujetos a la normativa de estabilidad presupuestaria y control de cuentas; y deberán auditar sus cuentas cada año. También incluye una regulación de su personal, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral, según su procedencia.

Asimismo, la norma apunta que la Alta Inspección del SNS podrá ofrecer asesoramiento técnico a las administraciones que deseen revertir servicios previamente externalizados. También impide contratos en los que la empresa privada que construye el hospital pueda participar después en la gestión del centro.

Reforzar el buen Gobierno y la rendición de cuentas

Por otra parte, el texto incluye medidas para fortalecer el buen gobierno, control y rendición de cuentas en la gestión sanitaria. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza, mientras que Sanidad y las CCAA deberán aprobar indicadores comunes de salud y calidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Para evitar conflictos de interés, el texto prevé la externalización de auditorías cuando exosta incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada.

Con todo, la nueva normativa solo será aplicable a los conciertos y contratos que se establezcan después de su aprobación definitiva, por lo que aquellos vigentes en la actualidad continuarán hasta su vencimiento.

En el anteproyecto también se contempla la elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación de las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, que llevará a cabo un grupo de personas expertas en economía de la salud, gestión sanitaria y sistemas de salud.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá la fase de consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, pasará al Congreso de los Diputados.

Preguntada sobre si confía en tener apoyo parlamentario para su aprobación, Mónica García ha señalado que espera que así sea. "Es tan obsceno y es tan necesaria esta ley que yo dudo mucho que haya algún partido político que ponga por delante los beneficios económicos por delante de su salud. Solo tienen que pensar en la salud propia y la salud de sus seres queridos", ha destacado.

Además, ha criticado la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha cesurado que el Gobierno de España quiera "acabar" con la sanidad madrileña a través de esta ley. En respuesta, García ha señalado que el objetivo no es ese, sino terminar con el "chiringuito" o "negociete" de la presidenta madrileña.