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El Gobierno aprueba el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, centrado en gitanos, jóvenes y parados

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MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2026, instrumento de planificación anual de las políticas activas de empleo desarrolladas por el Sistema Nacional de Empleo, que estará centrado en tres colectivos: gitanos, jóvenes y parados mayores de larga duración.

El Plan 2026 se ha elaborado en colaboración con las CCAA y ha sido informado favorablemente en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebró el 27 de mayo en la que se procedió al reparto territorial de 2.571,9 millones de euros.

El texto mandata el desarrollo de tres planes específicos. El primero es el plan de actuación para la mejora de la empleabilidad de la población gitana como una estrategia pública de empleo en favor de este colectivo en España dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos. A este plan se destinarán 93 millones de euros hasta el año 2028.

El segundo eje es el plan de empleo en favor de las personas jóvenes con las medidas que han resultado más eficaces para promover la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de este grupo de edad, con especial atención a las medidas destinadas a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Contará con 85 millones de euros.

Y por último, el plan contempla también la estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de cuarenta y cinco años, que incluye medidas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de favorecer la reincorporación al mercado de trabajo o su mantenimiento de estos colectivos. Cuenta con una dotación de 440 millones de euros.

El Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2026 tiene en cuenta el marco de financiación plurianual fijado en mayo de 2025, que estableció como criterio de distribución la asignación a cada comunidad autónoma de una cuantía equivalente a un 70% en 2026 de las cantidades cuando se cumplan determinados objetivos establecidos en los correspondientes Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno, reforzando así la planificación y ejecución de actuaciones a medio plazo.

Se medirán objetivos cuantitativos

El plan también consolida el enfoque por objetivos cuantitativos por territorios y por colectivos: fija metas anuales concretas (por ejemplo, número de personas jóvenes a atender con medidas de inserción, mujeres de baja cualificación a formar, parados de larga duración a recolocar, etc.) para cada comunidad autónoma, de acuerdo con su situación de partida.

Esto permite, según Trabajo, una gestión "más focalizada y equitativa·, haciendo foco en las particularidades de cada territorio en términos de desempleo juvenil, femenino, de larga duración, etc., y facilitando el seguimiento pormenorizado de los resultados en cada colectivo y en cada comunidad.

Además, se adaptan los indicadores de seguimiento para que sean "claros, más simples y transparentes", facilitando la evaluación del plan.

En el Plan 2026 destaca también el desarrollo de medidas como la garantía de la cartera común de servicios para todo el sistema nacional, que incluye la oferta integral de servicios comunes por parte de profesionales, el itinerario personalizado y la tutorización continuada; la intermediación, incluida la captación de ofertas de empleo y las necesidades de las empresas; el acompañamiento a lo largo de la vida laboral mediante la formación en el trabajo; la adquisición o mejora de competencias que mejoren la empleabilidad o el acompañamiento de las iniciativas de autoempleo evaluando la viabilidad de los proyectos.

Para Trabajo, en este plan para 2026 se consolida el enfoque centrado en las personas a través de la atención especializada a colectivos prioritarios como jóvenes, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, colectivos en situación de vulnerabilidad o personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, con el fin de mejorar sus oportunidades de empleo.

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