MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo de sindicatos médicos, que anunciaron que continuarían sus movilizaciones tras el verano.
"Este Estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial", ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha resaltado que "los grupos políticos tendrán oportunidad de posicionarse" en la Cámara Baja.
El nuevo Estatuto busca sustituir al que está vigente desde 2003 y que, según ha asegurado en distintas ocasiones la ministra de Sanidad, Mónica García, implica unas condiciones laborales que generan malestar entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), algo en lo que coinciden los trabajadores.
El texto que ha regresado al Consejo de Ministros es fruto del Anteproyecto aprobado el pasado junio, que fue acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación, el Sindicato de Enfermería (SATSE-FSES), Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Sin embargo, la norma cuenta con el rechazo de sindicatos de médicos y facultativos reunidos en el Comité de Huelga, que exigieron la redacción de una norma exclusiva para estos profesionales que reconozca sus "particularidades". Tras una semana de huelga al mes entre febrero y junio sin lograr avances con Sanidad, amenazaron con continuar los paros a partir de septiembre y elevar la presión mediante una huelga indefinida.
Ante la sucesión de movilizaciones, las comunidades autónomas también han expresado su rechazo al Anteproyecto y distintos consejeros han propuesto que se retire y se empiece de nuevo su redacción a través de un "acuerdo estatal". Mónica García ha descartado esta opción en diversas comparecencias, aseverando que ahora es responsabilidad de las autonomías aplicar las mejoras y, en su caso, acordar nuevas con los sindicatos de sus territorios.
Medidas contempladas
El texto incluye la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, limita la jornada de guardia a 17 horas y abre la puerta a que las CCAA disiminuyan esta duración a 12 horas. Asimismo, podrán verse exentos de guardias las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, ante ciertos problemas de salud y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años.
Igualmente, establece el "derecho" a la conciliación laboral y personal y recoge medidas frente a las agresiones, incorpora una regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura, promueve la profesionalización de los puestos directivos y regula por primera vez la figura del personal estatutario investigador.
Después de esta aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto de ley pasará a las Cortes Generales, donde el Gobierno tendrá que encontrar apoyos para la aprobación definitiva de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
