El Gobierno eleva las sanciones por falta de datos esenciales de los contratos y acaba con el secreto salarial

España

El Consejo de Ministros da luz verde a un paquete de normas laborales que incluye la prohibición de preguntar el sueldo previo en entrevistas

  • Yolanda Díaz.
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MADRID (EP). El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador para considerar infracción grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (hasta ahora leve), el incumplimiento de obligaciones en planes y medidas de igualdad y no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida.

De este modo, estos incumplimientos de la empresa podrán sancionarse con hasta 7.500 euros, frente al límite máximo actual de 750 euros.

La norma, que deberá ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica también la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social (LISOS) para que pasen a considerarse infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial, así como la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y las decisiones constitutivas de discriminación en el acceso al empleo.

Acaba con el secreto salarial

En el ámbito de la transparencia retributiva, el Real Decreto-ley modifica el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho individual a solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre su propia retribución y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.

La información ajena obtenida no podrá emplearse para fines distintos del ejercicio del derecho a la igualdad retributiva, y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar su propio salario.

En el acceso al empleo, las ofertas deberán incluir información sobre la retribución inicial del puesto, los anuncios y denominaciones deberán ser neutros respecto al género y quedará prohibido pedir a los candidatos información sobre su historial retributivo. Igualmente, se prohíbe de forma expresa la discriminación en procesos de selección algorítmicos y se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.

Por otra parte, la norma introduce por primera vez una garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores, blindando el derecho a no sufrir tratos desfavorables, perjuicios o represalias por reclamar derechos laborales y declarando nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones empresariales adoptadas como reacción frente a reclamaciones extrajudiciales o acciones administrativas o judiciales.

Prohibido preguntar por el sueldo previo en los procesos de selección

La norma establece un preaviso mínimo de tres días para realizar horas complementarias, prohíbe solicitar el historial retributivo en procesos de selección e incorpora por primera vez la garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores.

En materia de condiciones transparentes, la norma extiende el derecho de información a todas las relaciones laborales con independencia de su duración -tanto para la persona trabajadora como para la representación legal de los trabajadores (RLT)-, eliminando del Estatuto de los Trabajadores la referencia a los contratos superiores a cuatro semanas.

Asimismo, fija que el trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días. De no cumplirse estos requisitos, tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin sufrir consecuencias desfavorables. Además, en caso de cancelación total o parcial de dichas horas por parte de la empresa, conservará el derecho a percibir la retribución correspondiente a las horas no realizadas.

Respecto al periodo de prueba, se establece una duración de tres o seis meses, salvo negociación en convenio colectivo justificada por la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad (como en casos de suspensión por ERTE, incapacidad temporal o nacimiento). En los contratos de duración determinada de seis meses será de un mes como máximo, reduciéndose de forma proporcional en los de duración inferior.

La reforma prohíbe también que las empresas impidan o limiten el empleo en paralelo para otras compañías o apliquen un trato desfavorable por ello, salvo restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas -como salud y seguridad, confidencialidad empresarial, integridad del servicio público y prevención de conflictos de intereses- y sin perjuicio de los pactos de plena dedicación mediante compensación económica.

De igual modo, crea un nuevo artículo 21 bis en el Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho general a solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro, así como a recibir información y pedir la conversión del contrato o un nuevo puesto, unificando la regulación hasta ahora dispersa en distintos artículos.

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