MADRID (EP). La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.

Así lo avanza la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.

Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".

Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.

Bolaños: "El Estado decide la indemnización, la Iglesia católica la paga"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que, según el acuerdo firmado con la Iglesia católica este jueves para la reparación de las víctimas de abusos sexuales, el Estado "fijará" la cantidad con la que se deberá indemnizar a las víctimas de abusos y la Iglesia la abonará.

"Esta es la clave del acuerdo al que hemos llegado esta mañana. El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga", ha indicado Bolaños, este jueves, en una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, tras firmar el acuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos.

En concreto, según ha precisado, el acuerdo establece un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia.

En concreto, el mecanismo prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la cual trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima.

La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo y si hubiera disconformidad, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime.

En caso de que persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva, según ha apuntado.

Bolaños ha asegurado que el acuerdo se ha alcanzado tras una "negociación compleja, ardua, dura y larga" donde finalmente han encontrado un "punto de equilibrio" y ha agradecido la mediación del Vaticano para lograrlo. En concreto, ha mostrado su agradecimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Bolaños ha destacado que con este acuerdo quieren "saldar una deuda histórica y moral con las víctimas de abusos" que han sufrido "décadas de silencio, ocultamiento y daño moral".