MADRID (EP). El Gobierno y el grupo socialista tendrán una semana más para negociar la modificación legal para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso, después de que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, haya prorrogado hasta el próximo martes el plazo de presentación de enmiendas a los proyectos de ley de reforma de las políticas activas de empleo y del sistema de la Seguridad Social, que acababan esta semana.
Estas son las dos vías que el Ejecutivo baraja para introducir la modificación, ya que al tratarse de dos normas que ya están tramitándose en el Congreso, hay instrumentos para que el cambio legal "no tarde demasiado" en entrar en vigor, según explicó este lunes el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.
La idea de Trabajo es que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo expedientes de regulación (ERE) con consumo de prestaciones por desempleo, "contribuya a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagando ella misma la prestacion".
Según Valeriano Gómez, Telefónica reúne las características que el Ejecutivo está perfilando, por lo que tendría que costear el gasto en prestaciones de parte del 20% de la plantilla en España que prevé recortar en un periodo de tres años.
Todos los grupos parlamentarios se han mostrado partidarios de una modificación legal acerca de esta cuestión, si bien al mismo tiempo se han mostrado reacios a dar un aval explícito al Gobierno hasta conocer el texto concreto de su propuesta.
Así, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, considera que las prejubilaciones en el marco de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se contradicen con el retraso la edad de jubilación hasta los 67 años, por lo que se ha mostrado dispuesto a estudiar un cambio legal para limitarlas "si es necesario", si bien antes quiere que Gómez de explicaciones en el Congreso.
El portavoz de Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, ha tachado de "inmoral e irresponsable" que grandes empresas con beneficios recurran a esta herramienta, mientras que ERC e Izquierda Unida exigen un cambio legal en profundidad y llevarán sus propias propuestas al debate en el Congreso si la del Gobierno no les convence.
