MADRID (EFE). El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas restricciones a empresas, administraciones y partidos políticos.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley "muy ambiciosa" que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración.

Además, prevé incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen.

Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".