MADRID (EP). El Gobierno no aprobará antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre el Real Decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que fue anulado por el Tribunal Supremo, por lo que, de sacar adelante esta norma, tendría que hacerlo estando en funciones.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abrió este jueves el proceso de información pública de este real decreto que endurece los criterios para la creación de universidades.
De este modo, el proceso de información pública se cerrará después de las elecciones generales del 29N y desde el Ministerio que dirige Diana Morant apuntan a Europa Press que a partir del 2 de diciembre se verá si esta norma puede salir adelante.
La apertura del proceso se produjo un día antes del inicio de la campaña electoral y supone dar un paso más en la tramitación del decreto que anuló el Tribunal Supremo al considerar que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no estuvo "debidamente justificado". Por ello, el Alto Tribunal entendió que "la omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido".
Tras la resolución judicial, el Ministerio abrió entre el 15 y el 30 de octubre el periodo de consulta pública del proyecto de real decreto con los mismos requisitos incluidos en la norma que tumbó el Supremo con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.
El Ministerio de Diana Morant ha justificado la medida en la existencia de "un riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española".
Por ello, el Ejecutivo considera necesario revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios contenida en el Real Decreto 640/2021 de 27 de julio".
Los requisitos que quiere volver a aprobar el Gobierno
El real decreto aprobado por el Gobierno hace un año, y ahora tumbado por el Supremo, exigía, entre otros nuevos requisitos, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes.
También reforzaba las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
La norma también establecía que era necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
Por otro lado, recogía que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
También exigía que, cuando se quiera crear o reconocer una universidad, en la memoria del proyecto se recoja el compromiso de que la institución va a disponer a los tres años de estar en funcionamiento de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de estudiantes.
Con esta norma ya anulada, la universidad debía igualmente dedicar también el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y el 50% de los profesores tenían ser doctores, dentro de los cuales el 60% tenían que tener una evaluación positiva, con al menos de un sexenio de investigación.
