MADRID (EP). El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. "Y por tanto, vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros, con la idea de que mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros", ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

PP y Vox muestran su rechazo al decreto

Desde la oposición, PP y Vox han mostrado a lo largo de este lunes su firme rechazo al decreto de regularización. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avisado de que la formación usará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos en el ámbito nacional o europeo contra la regularización de migrantes.

"Sea como fuere y sea cual fuere el texto que salga del Consejo de Ministros, en el Partido Popular queremos dejar hoy una cosa muy clara, no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", ha asegurado este lunes en rueda de prensa en Génova. Además, preguntada por si el PP piensa en acudir a los tribunales contra la regularización, ha respondido que "habrá que ver qué texto viene para decidir qué vías se siguen y qué cauces se siguen".

Ezcurra ha reprochado al Gobierno que se salte "a la torera" al Parlamento y que se haya "inventado" un reglamento para aprobar una medida con "una envergadura bastante notable". "Parece que mañana es el día y, salvo drama en Moncloa, que nunca se sabe, la regularización se va a aprobar", ha señalado.

La 'popular' también ha cargado contra el Ejecutivo por no haber aclarado, según Ezcurra, el número de personas que se verán beneficiadas por la regularización, así como su procedencia. "El Gobierno habla de medio millón, la plataforma de la regularización habla de 700.000 personas, Funcas habla de 840.000, la Comisaría General de Extranjería, 1.200.000, el CNI, 1.350.000", ha precisado.

Del mismo modo, ha indicado que el PP no conoce el texto de la regularización y que tampoco sabe "mucho" acerca de los requisitos, pero sí quién lo rechaza. "Lo rechaza una mayoría del Congreso de los Diputados, lo rechaza el Senado, lo rechazan las comunidades autónomas del Partido Popular, que como saben son mayoría, y que presentaron conjuntamente escritos de alegaciones al borrador del decreto sin que nadie les haya contestado nada", ha destacado.

Mientras que, desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación llevará al Tribunal Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada. "Mañana lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. Mañana el Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Y nosotros no nos vamos a quedar parados ante este enésima ataque al pueblo español", ha garantizado Garriga.

Vox defiende que en materia migratoria, además de parar la regularización, hay que hablar con los países de los que salen los cayucos, alentados por las mafias, para frenar esas salidas y establecer mecanismos de colaboración para que los acepten de vuelta.