VALÈNCIA. Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realizado por su director, Francisco Pérez, y por Juan Pérez Ballester, afirma que el sistema de concierto solidario generalizado (SCGS) para todas las Comunidades Autónomas, inspirado en el acuerdo alcanzado en julio de 2024 entre el PSC y ERC, podría corregir las deficiencias estructurales del actual sistema de financiación autonómica (SFA) de 2009.

No obstante, señala que la solución solo sería efectiva si se aplicara bajo unas condiciones muy exigentes, centradas en garantizar la transparencia, la redistribución y la suficiencia de recursos tanto para el Estado como para las CCAA. El estudio está hecho tomando como referencia los resultados del SFA de 2022.

Según el Ivie, el actual SFA presenta dos grandes problemas: la inequidad, debido a las amplias diferencias en capacidad fiscal entre regiones, y la insuficiencia, porque muchas comunidades no cuentan con los fondos necesarios para atender sus competencias. Como se ha demostrado desde hace años en todos los análisis al respecto, las dos comunidades más perjudicadas por el SFA son la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

El modelo de SCGS podría ofrecer una salida, pero no de forma automática, según el Ivie: "Esa posibilidad solo existe si los términos genéricos en los que se expresa el acuerdo PSC-ERC se concretan mediante criterios de contribución de las comunidades autónomas al Estado y a la solidaridad interterritorial transparentes y con la potencia redistributiva suficiente para nivelar las elevadas diferencias de capacidad fiscal existentes entre las comunidades autónomas españolas".

Cuatro condiciones

Para que un SCGS funcione como solución al sistema vigente, el Ivie establece cuatro condiciones clave que deben cumplirse simultáneamente:

La primera es alcanzar "un nuevo acuerdo sobre los recursos financieros que deben corresponder a cada uno de los dos niveles de gobierno para financiar adecuadamente sus respectivas funciones". Esto implica definir qué parte del pastel necesita cada administración para poder operar, y a partir de ahí calcular el llamado "cupo total" que todas las comunidades —comunes y forales— deberían aportar al Estado si gestionan la totalidad de sus tributos.

La segunda condición tiene que ver con cómo se reparte ese cupo entre las comunidades. El informe destaca la importancia de un criterio de distribución que no favorezca a las regiones más ricas. "Hay criterios de reparto del cupo, como el basado en el PIB regional o la presión fiscal, que implican que los resultados de la progresividad se quedan en la comunidad autónoma, beneficiando a las regiones ricas y limitando el compromiso de solidaridad a la población más próxima, es decir, a los conciudadanos de la propia comunidad".

En las simulaciones realizadas por el Ivie, Cataluña y Madrid salen muy beneficidas aplicando esos criterios basados en el PIB regional o la presión fiscal. Por ello, el Ivie defiende que una fórmula adecuada debe garantizar que todas las comunidades contribuyan de forma proporcional a su capacidad, compartiendo la progresividad del sistema tributario.

La tercera condición está relacionada con el principio de solidaridad. El informe exige "un compromiso de solidaridad entre las comunidades autónomas para financiar sus funciones que permita, al menos, igualar los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales". Actualmente, estos servicios —sanidad, educación, servicios sociales— representan más del 75% del gasto autonómico. El nuevo sistema debería asegurar que la financiación nivelada alcance como mínimo el 80% de ese gasto, de modo que todas las regiones puedan prestar servicios esenciales en condiciones comparables.

La cuarta y última condición apunta a una revisión del trato fiscal privilegiado del que actualmente gozan las comunidades forales del País Vasco y Navarra. El Ivie sostiene que estas comunidades deben alinearse con el esfuerzo fiscal que realizan las demás regiones para financiar las cargas del Estado.

"La revisión debe asemejar el esfuerzo fiscal que su cupo y contribución actuales representan a las aportaciones que el resto de comunidades implícitamente realizan para financiar las cargas del Estado al compartir con este los ingresos tributarios", afirman Francisco Pérez y Juan Pérez Ballester. Además, añade que las comunidades forales deben asumir su parte en la solidaridad interterritorial. En total, deberían aportar conjuntamente 6.000 millones de euros más de lo que aportan ahora para igualarse al resto en contribución a los gastos del Estado y solidaridad.

Se reduciría la desigualdad

El informe deja claro que si se cumplieran estas cuatro condiciones, los resultados serían sustancialmente distintos a los actuales: se reduciría la desigualdad en los recursos por habitante ajustado entre comunidades.

Sin embargo, alerta de que las expectativas generadas en torno a la financiación singular para Cataluña no se corresponden con esos principios.

Aunque reconoce que Cataluña mejoraría su financiación con un SCGS bien diseñado, advierte que esta mejora "no sería de las cuantías que en ocasiones se mencionan". Tampoco se producirían reducciones significativas en los recursos gestionados por el Estado central, como han sugerido algunas voces políticas.

El Ivie ha realizado simulaciones para explorar diferentes escenarios posibles. En el escenario B3 del cuadro 11, por ejemplo, se observa que un SCGS aplicado con criterios de equidad podría corregir muchas de las distorsiones del actual sistema. No obstante, también subraya que si el acuerdo PSC-ERC se traduce en un modelo exclusivo para Cataluña, semejante al régimen foral, el resultado podría ser contraproducente: en vez de resolver las desigualdades actuales, se añadiría una nueva asimetría.

"El acuerdo PSC-ERC podría permitir superar las asimetrías si se concretara en línea con el tipo de SCGS que hemos descrito. Pero también podría agravarlas, si se concretara como un acuerdo singular entre el Estado y Cataluña que aproximara a esta comunidad a la situación privilegiada de las comunidades forales", advierte el informe. En este sentido, el Ivie insiste en que lo preocupante no es que haya asimetrías —ya existen y son graves—, sino que se añadan más sin justificación, "en lugar de solucionar el problema, lo agravaría".

Frente a ello, el informe defiende que lo verdaderamente positivo sería que este proceso se aprovechara para transitar hacia un nuevo sistema general que corrija las desigualdades existentes y no genere nuevas brechas entre territorios.

El documento también incluye una reflexión sobre un tema que no ha sido objeto central del análisis, pero que resulta fundamental: las implicaciones que tendría un SCGS sobre la autonomía fiscal del Estado. Si todas las comunidades gestionan la totalidad de sus tributos, el Gobierno central podría perder margen para ejercer una política fiscal coherente y eficaz. "No sería positivo, por las mismas razones que no es positivo que las comunidades tengan limitados o vedados hasta ahora el manejo de instrumentos relevantes para su suficiencia financiera y su responsabilidad fiscal, o la gestión tributaria", apunta el estudio del Ivie.

Por esta razón, el Ivie propone explorar nuevas fórmulas de cogobernanza fiscal, distintas tanto del modelo "centralista" que ha predominado hasta ahora como de las propuestas unilaterales que surgen desde algunos territorios. Solo así, concluye el estudio, se podrá alcanzar un sistema de financiación realmente justo, suficiente y solidario, que evite repetir los errores del pasado y garantice una distribución equilibrada de los recursos entre todas las comunidades autónomas.