MADRID (EFE). Las comunidades gobernadas por el PP han afirmado este lunes que la conferencia sectorial sobre menores migrantes ha sido convocada por el Gobierno de forma "ilegal" y han reafirmado que se trata de un mero "trámite" para llevar a cabo un reparto "arbitrario y forzoso" en las comunidades.

Lo ha expresado a su llegada a la conferencia sectorial la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, acompañada por el resto de consejeros del ramo en representación de las autonomías gobernadas por el PP.

Ha remarcado que el Gobierno convoca la conferencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque "tiene que pasar este trámite" y ha insistido en denunciar que se trata de "la continuidad del proceso ilegal" que está llevando el Ejecutivo de Pedro Sánchez para proceder a un reparto "arbitrario" de menores extranjeros no acompañados.

Dávila-Ponce ha asegurado que las comunidades del PP no han tenido "la ocasión de participar en ninguna fórmula" para el reparto y ha reiterado que el real decreto fue "aprobado sin consultar" y "sin tener en cuenta a las comunidades autónomas", que son las que tienen, a su entender, "las competencias exclusivas" para atender a los menores.

Ha considerado la consejera que el Gobierno usa a los menores como "monedas de cambio" para que Sánchez "pueda permanecer en el poder" y para "contentar a un prófugo de la justicia", en alusión al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

"Y lo que no puede consentirse es que el Gobierno de España los trate como paquetes asignados a dedo", ha sostenido Dávila-Ponce, que ha añadido que el Gobierno actúa para "dañar precisamente a las comunidades autónomas" del PP, al tiempo que ha asegurado que de 4.000 menores no acompañados, 2.000 irán a Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana.

Además, ha sostenido que el Gobierno se "ha inventado" que Cataluña haya llevado a cabo "un esfuerzo" para la acogida de menores y ha apuntado que en los últimos dos años dicha comunidad solo ha creado 5 plazas, mientras que se han abierto 362 plazas en la Comunidad de Madrid.

"Pues es una treta más para intentar maquillar lo que está haciendo este Gobierno con los menores que utiliza como monedas de cambio y que va a trasladar como mercancías", ha insistido la consejera madrileña.