MADRID (EFE). El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que la Cámara inste al Gobierno a reducir los coches oficiales que no sean estrictamente necesarios para el servicio público y a no comprar nuevos vehículos, atendiendo a la austeridad y los sacrificios que "está imponiendo a los españoles".

La iniciativa, que será debatida en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra, justifica la necesidad de reducir la utilización de coches oficiales con el argumento de que lo lógico es que el Gobierno "se aplique a sí mismo la austeridad que predica y exige a los ciudadanos".

Recuerda, en este contexto, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, "apremiado" por los socios europeos del Ecofin, ha impuesto "a millones de españoles" el "mayor recorte social de la historia" de la democracia.

Según el grupo popular, la ejemplaridad pública "obliga a compartir el sacrificio de unos ciudadanos que sufren la actual coyuntura económica con resignación".

Aprovecha su propuesta para insistir en que antes de aprobar las duras medidas del plan de ajuste, que incluyen la bajada de sueldo a los funcionarios y la congelación de las pensiones en 2011, el Gobierno debería haber procedido a "una severa reducción de ministerios, altos cargos y también de otros gastos, como los vehículos oficiales, que en este momento son prescindibles".

Entiende el PP que en un momento como el actual tiene "difícil justificación" el elevado número de vehículos oficiales que usan los altos cargos ministeriales y asimilados, desde el director general hasta el ministro, pasando por secretarios generales, subsecretarios y secretarios de Estado.

La medida supondría un "ahorro notable", según el PP, y serviría también para transmitir un claro mensaje a una ciudadanía que siente "un cada vez mayor desapego hacia su clase política".

Y demostraría que los políticos son capaces de aplicarse a sí mismos aquello que predican y solicitan a los demás, añade.

El PP sugiere que, en paralelo, el Gobierno adopte otras resoluciones adicionales, tendentes a no comprar nuevos vehículos hasta que estén amortizados la totalidad de los actuales.