VALÈNCIA. Como era de esperar, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue el gran beneficiado, junto al de Cataluña que preside Salvador Illa, del regresivo reparto de la recaudación del impuesto estatal a la banca entre las Comunidades Autónomas en 2025. Un reparto donde, en contra de la equidad y del principio de solidaridad, las CCAA reciben en función de su riqueza.
Concretamente, 4,2 de cada 10 euros recaudados el año pasado fueron a parar a estas dos CCAA, mientras las otras trece del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) se repartieron el 58% restante.
Si se mide en euros por habitante ajustado —criterio de población utilizado para la financiación autonómica—, solo cuatro CCAA se sitúan por encima de la media, las cuatro con una renta per cápita más alta: Madrid, Baleares, Cataluña y Aragón.
La Comunidad de Madrid recibió 48 euros por habitante ajustado, muy por encima de la media (32), el doble que Andalucía (24) y más del doble que Extremadura (22).
Enmienda de Junts 'comprada' por toda la izquierda
Todo parte de una enmienda de Junts aceptada sin rechistar por toda la izquierda parlamentaria a pesar de atentar contra el principio de solidaridad.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que, a partir de 2025, la recaudación del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, conocido como impuesto a la banca, se repartiera entre las CCAA.
Sin embargo, el proyecto fue enmendado por Junts en el Congreso para introducir un cambio en el reparto. En lugar de hacerse según las reglas de la ley de financiación de las CCAA, se haría en función del producto interior bruto (PIB) regional. La enmienda salió adelante con los votos del PSOE y del bloque que apoyaba habitualmente al Gobierno.
No obstante, el PP enmendó la ley en el Senado, donde tiene mayoría, para que el reparto se hiciera "en función de los criterios del sistema de financiación autonómica y regímenes forales". La enmienda debía ser aceptada por el Congreso, cosa que no ocurrió porque votaron en contra todos los partidos excepto PP y UPN. También Vox se unió en este caso al bloque que entonces apoyaba al Gobierno.
De esta forma, quedó instaurado un sistema de reparto que beneficia a las regiones más ricas y perjudica a las que más necesitan el dinero.
Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Extremadura lo recurrieron al Tribunal Constitucional, pero el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido validó el reparto al considerar que este impuesto no forma parte del sistema de financiación autonómica. Además, señaló que no perjudica a ninguna región, ya que todas reciben más dinero. Y en tercer lugar, consideró que el hecho de no repartirse con un criterio redistributivo no atenta contra el principio de solidaridad interterritorial, ya que el cumplimiento de este principio "no puede valorarse a la vista de uno solo de los recursos que el Estado distribuye a las CCAA, sino considerando el conjunto de todos los que estas tienen a su disposición".
Madrid, con el 15,45% de la población, recibe el 21,5%
La Comunidad de Madrid es, con diferencia, la más beneficiada por el reparto. Con el 15,45% de la población (sin contar la de País Vasco y Navarra), recibió el 21,5% de los 1.423 millones de euros recaudados en 2025.
Destaca también el caso de Cataluña, que con el 17,59% de la población recibe el 20,55% del total. Baleares, Aragón y La Rioja son las otras tres CCAA donde el porcentaje de dinero recibido es superior a su peso poblacional.
En el lado contrario están comunidades como Andalucía, que con casi un 19% de la población recibe un 14,4% de la recaudación; la Comunitat Valencian (11,79% de la población y 10,08% de recaudación) o la Región de Murcia, que representa el 3,45% de la población de las CCAA de régimen común y solo recibió el 2,89% del dinero.
