MADRID (EP). El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para sacar adelante la toma en consideración de una proposición de ley que tiene como objetivo reforzar el sector agroalimentario español, que incluye como medidas principales el desarrollo de un seguro de estabilización de ingresos para los agricultores con malos resultados económicos o la aplicación del tipo mínimo permitido del IVA a la energía y las compras relacionadas con la actividad agrícola, ganadera y forestal.

La medida ha salido adelante con el voto afirmativo de los 'populares' y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de la Agrupación Herreña Independiente, la Agrupación Socialista Gomera y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el resto de grupos han votado en contra.

La normativa plantea que el seguro de estabilización, que se enmarcará en el sistema de seguros agrarios combinados, se realice a través de ayudas habilitadas anualmente por el Gobierno dirigidas a los titulares de las explotaciones de sectores en situación de crisis, tanto por los elevados costes de los factores de producción como por vender a un precio inferior a los costes de producción.

De la misma forma, la proposición de ley introducirá modificaciones en temas como la coberturas, la tarificación o el reaseguro del sistema para garantizar la "futura viabilidad" del sistema de seguros agrarios combinados, "en especial ante el incremento en la frecuencia y gravedad de fenómenos extraordinarios" y "no controlables".

Asimismo, la normativa compromete la acción del Gobierno para impulsar los proyectos de absorción de dióxido de carbono y los mecanismos de compensación de huella de carbono y también para facilitar a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria la comercialización en el mercado de emisiones de carbono de las emisiones reducidas en sus explotaciones o instalaciones.

La ley propuesta por el PP incluye, además, un sistema de alerta temprana ante imprevistos económicos para que los agricultores y ganaderos tengan capacidad de reacción temprana y que, a su vez, permita el seguimiento de alteraciones en el funcionamiento de la cadena de suministro.

Y también contempla el impulso la posición negociadora de los productores en el mercado agrario, a través de la puesta en marcha de las lonjas de referencia de los productos agropecuarios, su incorporación a las cooperativas y a las organizaciones de productores, el apoyo a la venta directa y la reducción del desperdicio alimentario en las primeras fases de la cadena de suministro.