VALÈNCIA. El retraso en la incorporación laboral de los jóvenes y la reforma de las pensiones elevará en 2065 la edad de jubilación hasta en seis años si se quiere mantener el nivel de vida previo. Así lo recoge un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que destaca cómo estas dos cuestiones condicionarán la calidad de vida de las nuevas generaciones. En 2024, la tasa de ocupación de los jóvenes de 16 a 29 años se sitúa en el 43,2%, frente al 58,7% registrado en 2007, lo que supone un descenso de 15 puntos porcentuales en menos de dos décadas. Este acceso más tardío al primer empleo limita la duración de la carrera laboral y dificulta que los jóvenes acumulen suficientes años cotizados para obtener una pensión que mantenga su nivel de vida previo al retiro, según el mencionado informe.

La última reforma del sistema de pensiones, vigente desde julio de 2023, modifica de forma gradual diversos parámetros. La edad ordinaria de jubilación ascenderá hasta los 67 años para quienes no alcancen 38,5 años cotizados a partir de 2027, mientras que el período de cálculo de la base reguladora se ampliará progresivamente hasta considerar los 27 mejores años dentro de los últimos 29, con un ajuste final previsto en 2044. Asimismo, quienes deseen obtener la pensión al 100 % deberán acreditar 37 años de cotización en 2027, y el mecanismo de equidad intergeneracional introducirá un aumento del tipo de cotización desde el 0,8% en 2025 hasta el 1,2% en 2029, sin que este incremento se traslade al importe de la pensión.

Con estas modificaciones, las proyecciones para 2065 indican que un trabajador que acumule 40 o más años cotizados podría alcanzar una tasa bruta teórica de reemplazo del 90 % —equivalente a una tasa neta del 100 %— si opta por jubilarse a los 65 años. Sin embargo, quienes logren 35 años de cotización tendrían que retrasar la jubilación hasta los 68 años, y quienes solo sumen 30 años, hasta los 71 años, para mantener el mismo porcentaje de reemplazo. En función del nivel salarial, el informe apunta que, con carrera mínima de 30 años, la tasa bruta de reemplazo caería al 75,3%, dos puntos menos que sin las reformas, mientras que con 35 años se situaría en el 89,4 % (frente al 90,6 % actual) y con 40 años en el 90 % (desde el 90,6 %).

El documento también analiza el impacto de posibles reformas adicionales, como extender el cómputo de la base reguladora a los últimos 35 años, elevar a 40 años cotizados el requisito para el 100% de reemplazo o aplicar un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida a partir de 2044. De imponerse estas medidas, la tasa bruta de reemplazo en 2065 podría caer entre 10 y 20 puntos porcentuales: los cotizantes de 30 años percibirían un 57,6 % de reemplazo, casi una quinta parte menos que en la actualidad; quienes sumen 35 años, un 70,2% (frente al 87,5% actual); y quienes acumulen 40 años, un 80,2% (frente al 90,6%).

A día de hoy, la fragilidad del mercado laboral juvenil se acentúa por las condiciones de empleo precarias. En 2024, el 25,3% de los jóvenes ocupa un puesto a tiempo parcial -12 puntos por encima de la media- y el 34,4 % trabaja con contratos temporales, el doble que el conjunto de la población. Además, sus salarios son un 34 % inferiores a la media, lo que retrasa la convergencia salarial hasta más allá de los 34 años, cuando generaciones anteriores lo lograban antes de los 27. En 2023, los hogares con jóvenes de 16 a 29 años declararon una renta media por unidad de consumo de 20 800 euros, un 4,2% por debajo de la media nacional.