BRUSELAS (EP). El Gobierno ha pedido que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea vuelva a la agenda de una reunión de los Veintisiete el próximo 22 de septiembre, en el marco del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará ese día en Bruselas; después de más de un año en blanco sin abordar el asunto, desde que en julio de 2025 la petición española chocara con las reservas de una decena de países, liderados por Alemania.
La presidencia de turno del Consejo de la UE que este semestre asume Irlanda tiene ya un borrador de la agenda de la reunión del día 22 que ha sido discutida este miércoles en una reunión de los 27 a nivel de embajadores y en la que, según distintas fuentes europeas, España ha solicitado incluir como punto varios --es decir, sin que se prevea decisión-- un punto bajo el epígrafe "lenguas oficiales y ampliación".
El hecho de que la petición se incluya como punto varios en la agenda no garantiza que vaya a haber un debate de fondo de los ministros, ni permite que se tomen decisiones concretas, sino que supone que el Estado miembro dispondrá de unos minutos para exponer su interés y abre la puerta a que tomen la palabra, si lo desean, otras delegaciones.
La última vez que el Gobierno llevó la cuestión a debate al Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, bajo presidencia danesa, y no había vuelto a ser incluido en el orden del día hasta ahora ante la falta de unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse.
El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara un nuevo mandato de Pedro Sánchez y, aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, intentó acelerar su aprobación.
En este sentido, llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales, donde tiene que adoptarse la decisión, aprovechando que fijaba la agenda al ser presidencia de turno en el último semestre de 2023. Tras ello, volvió a pedir que se incluyera en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última, en julio de 2025 con Dinamarca.
La unanimidad, prinicpal escollo
Desde el primer momento, la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida se convirtió en el principal escollo, pese a los esfuerzos del Gobierno para intentar disipar las dudas entre sus socios, en particular de índole jurídica y sobre todo que pueda convertirse en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembro puedan intentar lograr el mismo estatus.
Así, el Gobierno no sólo se ha comprometido a sufragar los gastos adicionales --que la Comisión Europea sitúa en torno a los 132 millones de euros anuales, basándose en lo ocurrido con el gaélico--, sino que también ha planteado una implementación parcial una vez concedida la oficialidad, para aligerar de este modo la carga.
En concreto, el Ejecutivo planteó a sus socios en la primavera de 2025 que catalán, euskera y gallego sean oficiales de manera parcial desde 2027, de modo que sólo se traducirían a partir de esa fecha los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, un 3% del total de actos jurídicos en la anterior legislatura.
Por lo que se refiere a establecer un precedente, el Gobierno se aferra a que las tres lenguas cooficiales están recogidas en la Constitución ya antes de entrar en la UE, se usan en Congreso y Senado y España tradujo hace años a las tres los tratados, además de buena parte de la legislación europea.
Las dudas persisten
Pese a estos esfuerzos, sigue sin haber convencido a sus socios. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha venido manteniendo que ya son 20 de los 27 Estados miembros que no se oponen a respaldar la oficialidad de las tres lenguas, aún habría siete que lo hacen. Otras fuentes europeas elevan a al menos una decena de delegaciones las que han expresado dudas.
Uno de ellos es Alemania, como quedó de manifiesto en el Consejo de Asuntos Generales de julio del pasado año, en donde el representante alemán fue el más asertivo y se aferró al dictamen oral del servicio jurídico del Consejo, según el cual sería necesaria una reforma de los Tratados para asegurar la base legal de una eventual oficialidad.
Consciente del peso que tiene este Estado miembro entre los Veintisiete, el Gobierno optó por buscar el acuerdo en bilateral y acordó con Berlín a finales de octubre de 2025 entablar un diálogo que permitiera dar "respuesta" a la solicitud española "de forma que sea aceptable para todos los Estados miembro".
Sin embargo, ese diálogo ha sido infructuoso, como quedó de manifiesto tras el encuentro mantenido el pasado 20 de mayo por Albares con su homólogo germano, Johann Wadephul. La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego fue abordada por ambos "in extenso", en palabras de Albares, pero posteriormente el Ministerio de Exteriores alemán aclaró a Europa Press que Alemania no había cambiado de postura y seguía teniendo dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico.
