VALÈNCIA. El Consejo de Ministros aprobó este martes trocear el decreto ómnibus de diciembre, que decayó al ser rechazado por el Congreso la semana pasada, en dos nuevos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado "escudo social", en el que se incluye la moratoria de los desahucios.

Este segundo decreto también incluye dos importantes medidas que habían decaído con el anterior decreto y que afectaban a la Comunitat Valenciana: la actualización de las entregas a cuenta, sin la que la Generalitat tendría una merma de financiación de 250 millones de euros al mes hasta que se actualizasen, y la exención fiscal de las ayudas por la Dana concedidas por la Generalitat.

Esto permitiría a la Comunitat Valenciana continuar recibiendo el dinero que le corresponde por el sistema de financiación autonómica y a los afectados por la Dana que recibieron ayudas de la Generalitat no tener que pagar a Hacienda por ellas.

Sin embargo, a última hora de la noche de este martes, Junts anunciaba que votará en contra de este segundo decreto por estar en desacuerdo con las medidas antidesahucio a pesar de que habían sido suavizadas precisamente para conseguir su voto a favor. De esta forma, si el PP y Vox también mantuvieran su voto en contra, este decreto también decaería.

Estas son las medidas que recoge el nuevo decreto de "escudo social" en materia de vivienda, energía, empleo, tributación y financiación territorial, entre otras:

Medidas en materia de vivienda

-Prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador, y en otros supuestos cuando el arrendador es un gran tenedor.

-Extensión del plazo a 31 de diciembre de 2026 para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es gran tenedor.

Medidas en materia energética

-Prórroga del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

-Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026.

-Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026–2031.

Empleo y tributación

- Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

- Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

- Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.

- Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

- Exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas por la dana.

- Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.

- Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.

- Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.

- Mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.

- Posibilidad de renunciar de forma extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y al registro de devolución mensual.

-Flexibilización de los requisitos que permiten ser considerado un operador de hidrocarburos confiable.

Financiación territorial y otras medidas

- Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.

- Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

- Actualización de las entregas a cuenta a Entidades Locales.

- Régimen de endeudamiento autonómico.

- No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.