MADRID (EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que la pasarela que permitirá a los mutualistas alternativos incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) presenta problemas de equidad y numerosas incertidumbres sobre sus efectos para los mutualistas, la Seguridad Social y las propias mutualidades.
Así lo recoge un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad de Extremadura (UEx), publicado por Fedea, que analiza el diseño de la pasarela tras la aprobación de la Ley 2/2026. La norma permitirá a los mutualistas alternativos acceder al RETA de forma voluntaria e irreversible mediante la transferencia de los fondos acumulados en su mutualidad.
Los autores advierten de que los efectos de esta medida solo podrán analizarse con precisión cuando se apruebe el reglamento definitivo, previsto para noviembre de 2026. No obstante, consideran que lo establecido hasta ahora anticipa un sistema "poco equitativo", tanto en la comparación con los actuales afiliados al RETA como entre los propios mutualistas.
En primer lugar, el estudio señala que la ley establece un factor de conversión, denominado "coeficiente de mejora", cuyo valor se situará entre 0,67 y 0,87. Este coeficiente recoge la fracción de las cotizaciones que se considera destinada a financiar la pensión de jubilación en el sistema público, donde parte de las aportaciones cubre otras contingencias comunes.
Tras analizar el gasto histórico de la Seguridad Social, los investigadores calculan que solo el 56,84% de las cotizaciones al RETA se destina realmente a financiar la jubilación.
Por ello, consideran que la ley impone a los mutualistas un factor de conversión superior al que existe en la práctica en el RETA. Según explican, la fórmula fijada se traduce en una mayor exigencia de fondos por cada año "convalidado" de cotizaciones por la base mínima del régimen, lo que supone una especie de sobreprecio que favorecería a los autónomos afiliados al sistema público frente a los mutualistas.
No obstante, el estudio señala que la incorporación al sistema público también ofrece ventajas, como el derecho a la revalorización de la pensión y a una pensión mínima, que podrían compensar ese sobreprecio. Por ello, los autores advierten de que el traspaso no tiene por qué resultar ventajoso en todos los casos y que cada mutualista deberá analizar su situación cuando se conozcan los coeficientes definitivos y el resto de los detalles de la pasarela.
Desigualdad entre los mutualistas
El segundo problema de equidad identificado por los investigadores se refiere a la denominada "regla del 1 por 1", por la que un año cotizado en la mutualidad equivale a un año en el RETA, aunque exclusivamente a efectos de determinar el porcentaje de pensión por año cotizado y no para calcular la base reguladora.
Esta medida no se aplicará a todos los mutualistas, sino únicamente a quienes iniciaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995 o tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026. Según advierte el estudio, quedar fuera de este límite por un solo día puede modificar de forma importante la pensión final de jubilación.
Incertidumbres sobre la inflación y las cuotas
Además de estos problemas de equidad, los autores advierten de que la ley deja sin definir cuestiones relevantes. Entre ellas, el estudio alerta de que se baraja la posibilidad de que las cotizaciones destinadas a la jubilación en el RETA se computen por su valor nominal, sin actualizarse con el IPC.
Desde un punto de vista técnico, los investigadores sostienen que la única opción válida es utilizar el IPC histórico para expresar las cantidades en euros.
En cuanto a la Seguridad Social, el estudio apunta que la entrada de los fondos acumulados en las mutualidades supondrá un aumento a corto plazo del número de cotizantes y de los ingresos del sistema. El momento en que se produzca el traspaso, que deberá concretarse en el reglamento, determinará el calendario de sus efectos.
Sin embargo, advierten de que esta incorporación también implicará asumir un incremento futuro, que en algunos casos podría ser inmediato, tanto del número de pensionistas como del gasto público en pensiones.
Por su parte, las mutualidades afrontan una situación de incertidumbre que afecta tanto a las entidades como a sus mutualistas. El estudio señala que todavía no está claro cómo garantizarán las pensiones mínimas y las revalorizaciones de las rentas vitalicias de quienes no utilicen la pasarela, tal como exige la ley.
Asimismo, los investigadores expresan su preocupación por el momento en que se exigirá el traspaso de los fondos a la Seguridad Social ya que si las mutualidades deben deshacer sus posiciones de inversión de forma abrupta, podrían asumir riesgos financieros que mermarían la cuantía de los fondos acumulados.
