MADRID (EFE). Fedea considera que la mejor forma de articular el sistema de protección social es concentrar los recursos en programas como las rentas mínimas y prescindir de ayudas finalistas, como el bono social, y de medidas como la prohibición de desahucios que considera "ineficientes, distorsionantes y poco equitativas".

En un trabajo firmado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, se exponen los tres tipos de instrumentos que se usan en España para proteger a colectivos vulnerables y se concluye que los programas clásicos de complementos de rentas "son las mejores herramientas disponibles para luchar contra la pobreza".

Este tipo de programas incluyen el subsidio de desempleo, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital (IMV) o las rentas mínimas.

Junto a esto, Fedea recuerda que en España existen las ayudas finalistas para determinados ámbitos, como el bono social o las becas, a lo que se suman medidas de tipo "escudo social", que ofrecen protección especial a ciertos colectivos considerados vulnerables.

En este tercer bloque entran medidas como la suspensión de desahucios, las reestructuraciones hipotecarias o la prohibición de cortes por impagos.

Y, a juicio de Fedea, estos dos últimos mecanismos no funcionan, por lo que deberían eliminarse y reorientarse en el marco del primer tipo de medidas esos programas más generales de ayudas que buscan asegurar a los hogares "cierto grado de suficiencia de rentas".

"Las ayudas finalistas son ineficientes porque imponen restricciones sobre su uso que, en condiciones normales, sólo pueden reducir el bienestar", reflexiona.

Por otro lado, añade, la interferencia por ley con contratos privados para favorecer a una de las partes "tiene contraindicaciones importantes" que aconsejan no utilizar este instrumento o, al menos, evitar su prolongación en el tiempo más allá de situaciones muy especiales de crisis.

El estudio también recomienda, a la hora de centrar los recursos en el primer bloque de programas, tener en cuenta los efectos sobre los incentivos de sus beneficiarios para trabajar, dejar su gestión en las administraciones más adecuadas y medir con "sumo cuidado" tanto las necesidades de los hogares como sus ingresos efectivos para concentrar los recursos disponibles en los más necesitados.