MADRID (EP). El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado este martes que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes para amortiguar los costes asociados al "deficiente funcionamiento" de los servicios públicos.

Garamendi ha enmarcado esta reclamación ante el aumento de la absentismo laboral que, según los datos analizados durante la jornada, afecta diariamente a 1,4 millones de trabajadores, de los que cerca de un millón están en situación de incapacidad temporal.

Durante la clausura de una jornada sobre absentismo organizada por la patronal, Garamendi ha defendido la necesidad de adoptar medidas para corregir el incremento de las bajas laborales y ha advertido de que se trata de un "problema sanitario con derivadas sociales y económicas" que afecta al conjunto de la sociedad.

En este sentido, ha señalado que, "mientras no se adopten otras reformas", la Seguridad Social debería asumir el pago de la cotización y la prestación por incapacidad temporal que actualmente abonan las empresas entre los días 4 y 15 de baja. Según ha indicado, cerca del 69% de los procesos de incapacidad temporal duran menos de 15 días.

En este punto, ha explicado que el objetivo de la patronal es hacer un llamamiento sobre un problema que afecta tanto a trabajadores como a empresas y ha mostrado su disposición a abordar la cuestión tanto con el Gobierno como con los sindicatos.

Garamendi ha cifrado en unos 33.000 millones de euros el coste asociado al absentismo, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. En este sentido, ha señalado que este "esfuerzo económico gigantesco" no se ha traducido en una mejora de la salud de los trabajadores ni en una mayor eficiencia del sistema.

Asimismo, ha reclamado reforzar los recursos sanitarios con más profesionales de la salud e inspectores médicos, tanto en los servicios públicos de salud como en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

El presidente de CEOE también ha defendido potenciar las competencias de las mutuas y adelantar los controles médicos de los trabajadores en situación de baja. En concreto, ha propuesto incorporar revisiones obligatorias a los tres, seis y nueve meses de duración de los procesos de incapacidad temporal, frente al sistema actual, en el que los controles más exhaustivos comienzan a partir de los 365 días.

Además, ha planteado que la inspección médica supervise aquellos procesos cuya duración supere la frecuencia habitual, con independencia del origen o de la patología que motive la baja.

Junto a ello, ha pedido exonerar a las empresas de la cotización por contingencias comunes en los procesos de incapacidad temporal que superen los 365 días y establecer una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales en los contratos de sustitución formalizados para cubrir a trabajadores de baja. Garamendi también ha defendido que estas medidas se extiendan también a los trabajadores autónomos.

La mayoría de las bajas tienen "una causa médica real"

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que ha señalado que los jóvenes son "memos" y que se piden la baja cuando "les piden trabajar" o "les deja la novia", Garamendi se ha desmarcado de esas afirmaciones y ha asegurado que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha agravado tras la pandemia.

"Hay una realidad que está ahí, que es mundial de hecho, y que viene en muchos casos también después del efecto covid", ha declarado el presidente de CEOE, quien ha subrayado que se trata de un problema "muy serio, muy serio", que "trasciende a lo social".

En este sentido, ha llamado a abordar esta cuestión desde el conjunto de la sociedad y ha reclamado más recursos para la sanidad pública y para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, Garamendi ha señalado que detrás de la mayoría de las bajas laborales existe una causa médica real y ha defendido la necesidad de prestar atención y seguimiento a los trabajadores afectados. "La mayoría de las bajas es porque son bajas", ha afirmado.

EL absentismo y las pequeñas empresas

La presidenta de de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han advertido este martes de que el aumento del absentismo laboral está poniendo en riesgo el funcionamiento tanto de las pequeñas y medianas empresas como de los autónomos, provocando el cierre de algunos negocios o frenando su crecimiento ante la dificultad para sustituir a los trabajadores de baja.

Durante la jornada 'Todos contamos: Absentismo por IT, un problema de país' organizada por CEOE, Amor y De Miguel han señalado que el problema del absentismo, que se expande por todos los sectores económicos, tiene un mayor impacto en las empresas pequeñas, donde la ausencia de uno o dos trabajadores puede elevar las tasas de absentismo hasta el 33% o el 66% de la plantilla, lo que dificulta el desarrollo normal de la actividad.

En este sentido, De Miguel ha explicado que muchas pequeñas empresas se ven obligadas a asumir costes laborales mientras mantienen una actividad reducida o incluso paralizada y ha alertado de que algunas llegan a plantearse el cierre por la imposibilidad de encontrar relevos para los trabajadores en situación de incapacidad temporal.

Por su parte, Amor ha asegurado que la incidencia de las bajas es muy inferior entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados, añadiendo que por cada 1.000 autónomos, se registran nueve procesos de incapacidad temporal frente a 43 entre los trabajadores por cuenta ajena.

"Siempre se ha dicho que los autónomos estamos hechos de otra pasta", ha señalado Amor, quien ha recordado que este colectivo utiliza el mismo sistema sanitario y afronta los mismos problemas de salud que el resto de trabajadores.

Asimismo, ha advertido de que el absentismo se suma a otros costes que ya tienen los autónomos y ha incidido en que el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y burocráticas supone un coste medio anual de 3.000 euros por autónomo, lo que, a su juicio, eleva el impacto de la burocracia sobre el conjunto del colectivo hasta unos 10.000 millones de euros al año.

Además, ha alertado de que más de 200.000 autónomos empleadores están "en la cuerda floja" en un contexto marcado por el aumento de los costes laborales y de cotización.

Con todo, han apostado por reforzar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, agilizar los procedimientos de seguimiento de las incapacidades temporales y aumentar los recursos sanitarios para reducir la duración de los procesos de baja.