MADRID (EP). La acusación popular que lidera Hazte Oír ha pedido 13 años de prisión para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el jefe del Ejecutivo preste declaración como testigo de cara al juicio con jurado popular contra ella y su asesora, Cristina Álvarez.
Así lo ha solicitado la asociación en un escrito de cara al juicio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que achacan a Gómez dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. De manera subsidiaria, pide diez años de prisión para las acusadas "en caso de apreciarse el concurso medial".
Respecto a Álvarez, piden seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación "en concepto de cooperadora necesaria. Vox, que forma parte de la acusación popular, ha solicitado las mismas penas para las acusadas.
En un primer momento, la acusación popular pedía 24 años de prisión para Gómez y 22 para su asesora, pero el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, emplazó a las partes para que presentasen nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa de Sánchez.
Además, Hazte Oír ha solicitado la testifical del jefe del Ejecutivo por "su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".
Cabe recordar que los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra --de la UCM--, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".
Giro "radical" en su trayectoria tras la presidencia de Sánchez
Hazte Oír da cuenta en su escrito de que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno en junio de 2018, momento desde el que "aumentó la proyección institucional" de Gómez, así como "su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados".
Además, "accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios", añade.
Por ello, la asociación considera que la acusada dio, "con plena consciencia de ello y de forma voluntaria", un "giro radical a su trayectoria profesional" tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.
La asociación explica que, "de forma concomitante o cercana a la llegada de su esposo al poder", esto es, en junio de 2018, Gómez pidió una excedencia en la empresa en la que trabajaba "y, con el fin de acceder a círculos de poder e influencia, progresó en ese cambio profesional".
En agosto de ese año, Gómez "fue nombrada directora del IE Africa Center y, manteniendo la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, formalizada el 30 de octubre de 2020".
Todo ello, añade Hazte Oír, "sin un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario" de la Universidad Complutense.
"La cátedra careció, durante toda su existencia, de equipo docente e investigador y de personal propio: no tuvo profesores adscritos, no constituyó el grupo de expertos comprometido, no desarrolló actividad investigadora real ni produjo los estudios, informes y artículos anuales previstos en el convenio de constitución", relata.
Y abunda en que "no fue una estructura académica, sino un instrumento de captación de financiación y de medios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada".
Y señala que, pese a que "la dirección de la cátedra fuera 'a priori' y aparentemente gratuita, su creación y el nombramiento de Gómez como directora y después codirectora le reportaron beneficios ciertos y relevantes.
En concreto, añade: "Prestigio personal y reputacional para su carrera académica, acceso a recursos, directivos y eventos y, señaladamente, la integración en la cátedra de los másteres que codirigía, por los que sí percibía retribución y le permitía igualmente controlar el proceso de desarrollo del 'software' y posterior uso personal del mismo".
Financiación de la cátedra
En relación a la financiación de la cátedra y el soporte técnico del 'software', la acusación sostiene que Begoña Gómez, "prevaliéndose siempre, de forma sutil pero eficaz, de su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno y del paraguas institucional de la cátedra", recabó "aportaciones tanto económicas como de servicios y trabajos para el favorecimiento personal suyo y de la sociedad que constituyó".
Hazte Oír subraya que con esta operación, que tuvo "un coste cero para ella", Begoña Gómez consiguió "servicios y relaciones comerciales que de otro modo le hubiera sido imposible o muy costoso de obtener".
"Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para desarrollar un programa informático singular y a un coste muy inferior al mercado. Desde el primer momento, la intención de Begoña Gómez fue desviar la propiedad y el control del producto final, como se desarrolla en el hecho séptimo, hacia su propio control y uso", añade.
Hazte Oír expone que la "actividad de captación y seguimiento" de empresas "no fue desempeñada únicamente por Begoña Gómez", sino también por su asesora, "quien intervino en comunicaciones, reuniones e interlocuciones con responsables de empresas colaboradoras o potencialmente colaboradoras de la cátedra, incluidas entidades de especial relevancia", tales como Google o Human Age Institute/ManpowerGroup "y otras mercantiles vinculadas al desarrollo, financiación, validación o escalado de la plataforma".
De esta forma, Cristina Álvarez "actuaba dentro del plan de la acusada principal, aportando al proyecto una apariencia institucional derivada de su posición en Presidencia del Gobierno, reforzando con ello la capacidad de captación de apoyos, servicios, financiación y legitimación empresarial", según el escrito
Utilizó a su asesora "para fines privados"
Hazte Oír denuncia que Gómez utilizó "para fines privados" la "fuerza de trabajo de una empleada pública puesta de hecho a su disposición por razón de su posición institucional y con ocasión de ella", refiriéndose a Cristina Álvarez.
La acusación detalla que Álvarez "realizó numerosas labores profesionales para el ámbito particular" de la esposa del presidente, como una llamada al rector de la UCM, acompañarla a "numerosos eventos académicos, profesionales y mercantiles" o mandar correos electrónicos desde su cuenta vinculada a la Presidencia del Gobierno a personas relacionadas con la cátedra.
"No se trató de actos aislados o de mera cortesía institucional, sino de una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y de medios públicos de Álvarez al servicio de los intereses privados de Gómez", incide.
Y concluye: "La desviación se produjo con pleno conocimiento y a instancia de Gómez y supuso el uso privado de un elemento del patrimonio público puesto de hecho a su disposición por razón de su posición institucional y con ocasión de ella".
La asociación ha solicitado más de 100 testificales. Además del presidente del Gobierno, han pedido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños o al empresario condenado en el 'caso mascarillas', Víctor de Aldama.
