VALÈNCIA (EP). Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han advertido este miércoles de que la reforma del acceso a ambas carreras que propone el Gobierno, y que ha enviado ya a tramitación parlamentaria, supone "un serio retroceso" en el Estado de Derecho, al propiciar un "acceso arbitrario", "restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas", lo que aseguran que amenaza la independencia judicial.

Así se expresan en un comunicado, recogido por Europa Press, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), las mayoritarias en sus respectivas carreras, junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En dicho comunicado, se refieren a "la información conocida" sobre el proyecto de ley por el que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros en segunda vuelta, por lo que encara ya la tramitación parlamentaria.

Para estas cinco asociaciones, "las reformas descritas suponen un serio retroceso en Estado de Derecho". "Al propiciar un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas, se pone en riesgo la independencia judicial", dicen, avisando de que ello "compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente".

En particular, critican "la eliminación de un examen oral (la parte procesal) en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio" que creen que rebaja "las exigencias de conocimiento" hasta el punto de que sostienen que "supone una vuelta atrás de 30 años", así como "un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales".

Aluden también a la nueva regulación del llamado 'cuarto turno', el reservado para juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional, que existía ya para la carrera judicial pero no para la fiscal y que la reforma prevé implantar en ambas con cambios. Así, lo definen como "un concurso-oposición sin límite máximo de plazas, y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso", que "posibilita un acceso discrecional arbitrario".

Además, subrayan que "perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre, los cuales, por otro lado, si todo ha quedado como en el anteproyecto, ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de TSJ y con obligación de participar en los concursos siguientes", lo que anticipan que implicará "en la práctica institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados".

La solución a la interinidad: "No es lo que pide Europa"

Asimismo, se muestran en contra del "proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos" porque sostienen que "es contrario a nuestros principios constitucionales". Aclaran, además, que "contrariamente a lo que se dice" desde el Gobierno, en base a una serie de sentencias europeas contra la interinidad, "no es lo que nos pide Europa".

Sobre ello, alertan de que "la convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales".

"Este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre", por lo que "se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares", denuncian.

Inciden en que, "este acceso excepcional a la carrera judicial y fiscal al margen del sistema ordinario no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública".

Perciben un "riesgo de control ideológico"

También observan un "retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno" de los tribunales "al imponer candidaturas individuales y restringir el derecho de sufragio a un único voto", lo cual --alegan-- "limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial".

Aprecian igualmente una "deslegitimación de la Comisión de Ética Judicial" por "la anunciada inclusión de miembros designados por las Cortes Generales", que estiman que "compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas", amenazando así "la credibilidad de sus dictámenes".

Se refieren asimismo a "la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que, además, tendrá las competencias en materia de becas", al considerar que todo ello "conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo". "Inasumible en un Estado de Derecho con separación de poderes", remachan.

Por último, perciben una "limitación de la actividad asociativa judicial" por "la imposición de restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales, sin un aumento proporcional de las subvenciones públicas", algo que interpretan como "un ataque directo a su capacidad operativa".

"Estas asociaciones no solo representan los intereses profesionales de los jueces, sino que son garantes activos de los valores constitucionales y del Estado de Derecho", recuerdan.

Un "panorama desolador"

Solo ven con buenos ojos que la reforma consolida un sistema de becas para facilitar el acceso a la carrera judicial y fiscal a las personas con menos recursos y suprime el traslado forzoso tras el ascenso automático y la fase de sustitución y refuerzo en la escuela judicial, algo que dicen que venían reclamando desde 2013 y que, en su opinión, "era previsible" que el Ministerio de Justicia retirara para "proyectar una imagen de escucha, consenso y diálogo".

No obstante, recalcan que "fuera de estos extremos, el panorama que implica esta reforma (...) es desolador" por cuanto "supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial".

Advierten en concreto sobre una "desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" porque el actual texto "modifica profundamente los procesos de selección y no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública".

Así las cosas, "con pleno respeto al proceso parlamentario", ratifican su "firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales", y avanzan que, si fuera necesaria, adoptarán "las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos".