MADRID (EP). Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han anunciado este martes que mantienen la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio ante la negativa del Gobierno a retirar las reformas para modificar el acceso a ambas carreras y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales.
En un comunicado, recogido por Europa Press, las cinco asociaciones convocantes explican que han decidido seguir adelante con la medida tras la reunión celebrada la tarde del lunes con representantes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sostienen que el comité de huelga reclamó la retirada íntegra del proyecto de ley por el que se pretende modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Según precisan, el comité de huelga también insistió en la necesidad de que el proyecto legislativo "se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado". Y, además, mostró su oposición a la proyectada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y reclamó su retirada al considerar que supone "un grave retroceso en la autonomía" de la Fiscalía.
No obstante, recalcan que "el Ministerio no estuvo dispuesto ni a cambiar lo más lesivo" y "ha decidido mantener su proyecto". "Lamentablemente, el Ministerio de Justicia no aceptó ninguna de nuestras propuestas, sin ofrecer alternativas ni mostrar apertura al diálogo, llegando a plantear dudas sobre el derecho de huelga de jueces y fiscales que se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años", añaden.
Las asociaciones aseguran que en el marco de la reunión se acordó "seguir en contacto con el Ministerio" para intentar agotar "todas las vías de diálogo". Con todo, inciden en que "se mantienen activas las medidas de conflicto colectivo acordadas": tanto la concentración convocada para el sábado frente al Tribunal Supremo, como la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio.
Justicia pide al CGPJ que se pronuncie sobre la huelga
Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press sostienen que el encuentro del lunes transcurrió "de manera respetuosa y constructiva" y que el equipo de Félix Bolaños explicó a las asociaciones los detalles de las dos reformas impulsadas por el Gobierno.
Las mismas fuentes inciden en que los "temores" de las asociaciones "son infundados" y que desde Justicia se les trasladó la "incertidumbre jurídica" que plantea la convocatoria de huelga anuncia.
Así las cosas, el Ministerio también informó a las asociaciones que dirigirá un oficio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se pronuncie sobre la mencionada convocatoria de huelga, según las fuentes consultadas.
La abogacia reclama diálogo
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha hecho un llamamiento al Gobierno y a las asociaciones de jueces y fiscales a que sigan dialogando y encuentren una solución consensuada que evite la huelga convocada.
"Es imprescindible y obligado seguir dialogando hasta el último minuto para definir un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que tenga un apoyo mayoritario", ha afirmado el presidente de la Abogacía, Salvador González, tras una reunión con la comisión de Relaciones Institucionales del Consejo General del Poder Judicial. "No es momento de huelga ni de acelerar los plazos para una reforma sin consenso", ha añadido González.
En la reunión con el Poder Judicial, el presidente de la Abogacía ha transmitido su preocupación por el impacto que una huelga de tres días tendría sobre la ciudadanía y la tutela judicial efectiva y ha reclamado que, si finalmente tiene lugar la huelga, "se articulen mecanismos para paliar el daño".
Entre otras medidas, González ha pedido que se avise con antelación necesaria de las suspensiones de señalamientos, y que posteriormente se refuercen los juzgados para mitigar el colapso, se amplíen las fechas de vistas suspendidas y se reagenden los asuntos afectados dándoles preferencia.
"Si no se pone remedio, habrá cientos de actuaciones suspendidas que se retrasarán meses e incluso años", ha lamentado el presidente de la Abogacía. Y también ha pedido que se emitan medidas específicas sobre protección del acceso a la justicia en casos urgentes o de especial vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad o sin recursos.
