BRUSELAS (EFE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó este jueves el recurso de la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la Directiva 2012/34 que establece el espacio ferroviario único europeo, al considerar que no hay elementos suficientes para concluir que la ley nacional no garantice la independencia del consejo de administración de Adif.

La corte con sede en Luxemburgo condenó a costas al Ejecutivo comunitario.

La sentencia dice que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, de los estatutos de ADIF y de ADIF-Alta Velocidad sobre el Consejo de Administración no cabe inferir la existencia de una facultad discrecional de nombramiento y cese de esos miembros.

"Al no haber aportado la Comisión otras pruebas que demuestren la existencia de tal facultad discrecional de nombramiento y cese, procede declarar que el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes para identificar una falta de conformidad de la normativa nacional", dice el tribunal.

La corte recuerda que la legislación española encomienda a ADIF y ADIF-Alta Velocidad la administración de las infraestructuras ferroviarias a ADIF-Alta Velocidad y que los Consejos de Administración de dichas entidades tienen la facultad de aprobar las declaraciones sobre la red y las propuestas de modificación y actualización de los cánones por utilización de las infraestructuras, así como de fijar las tarifas por la prestación de servicios auxiliares.

Los Estatutos de ADIF y de ADIF-Alta Velocidad se limitan a atribuir al Ministerio de Transporte la competencia para nombrar y cesar a los miembros del Consejo de Administración, mientras que guardan silencio en cuanto a las condiciones de ejercicio de esta competencia.

De ello se desprende que, en contra de lo que defiende la Comisión, del artículo 15 de esa normativa nacional no cabe inferir la existencia de una facultad discrecional de nombramiento y cese.

Tampoco atiende el resto de argumentos de la Comisión, que detectó otras deficiencias relacionadas con la transposición por parte de España de la directiva que establece el espacio ferroviario único europeo.

En concreto, estaban relacionadas con la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de empresas ferroviarias de acuerdo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.