MADRID (EP). La apuesta por las renovables y la rápida transformación del sistema energético en España ha fortalecido la seguridad energética y competitividad del país, reduciendo su exposición a vaivenes en los precios de los combustibles fósiles y bajando los precios mayoristas de la electricidad, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que insta a acelerar la electrificación, para lo que recomienda un decálogo de actuaciones, incluyendo revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, impulsar el vehículo eléctrico, interconexiones y reequilibrar las señales de precios entre distintas fuentes de energía.
"España afronta los próximos años desde una posición de fortaleza estratégica", afirma la AIE en su última 'Revisión de la Política Energética', destacando que el país cuenta con uno de los parques de energía renovable más grandes entre sus miembros, así como con un marco de políticas públicas sólido, por lo que considera que "la prioridad ahora debería ser convertir estos cimientos en un sistema energético plenamente integrado, flexible y resiliente".
La agencia señala que si España logra acelerar la electrificación, modernizar las redes, potenciar la flexibilidad, gestionar con prudencia el cierre escalonado de las centrales nucleares y mantener la confianza de la ciudadanía y las empresas, "podrá pasar de estar a la vanguardia en la descarbonización del sector eléctrico a convertirse en un modelo para la transición energética de toda la economía".
En su análisis, destaca que la creciente cuota de energías renovables en España ya está contribuyendo a reducir los precios mayoristas de la electricidad y a disminuir la dependencia de los combustibles importados y recuerda que, sin la fuerte expansión de la capacidad renovable, las importaciones de gas natural destinadas a la generación eléctrica habrían supuesto una factura adicional de 26.000 millones de dólares (23.131 millones de euros) en 2024.
A pesar de su crecimiento, el consumo de electricidad representó en 2024 el 25% del consumo de energía final, una proporción todavía muy por debajo del objetivo nacional del 35% para 2030, por lo que "acelerar la electrificación de los usos finales debe ser una prioridad".
En este sentido, la AIE apuesta por electrificar la demanda energética industrial y residencial en consonancia con la rápida expansión de la generación, mediante reducciones de la fiscalidad sobre la electricidad que mejoren su competitividad y asequibilidad, así como acelerar la transición en el sector del transporte, abordando las barreras que suponen los costes y mejorando el desarrollo de infraestructuras, dado que la adopción de vehículos eléctricos sigue siendo relativamente limitada, especialmente en las flotas corporativas.
"La elevada capacidad de generación renovable en España da lugar a unos precios mayoristas en el mercado 'spot' relativamente bajos en comparación con otros países similares, pero los impuestos, los gravámenes y los peajes de red mantienen altos los precios para el consumidor final", critica la agencia, añadiendo que estos componentes del coste son mucho más bajos en el caso de los combustibles fósiles, lo que reduce el incentivo para que los hogares, las empresas y la industria opten por soluciones eléctricas, incluso cuando estas son más limpias y eficientes.
Asimismo, recomienda al país impulsar la renovación de edificios para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y electrificación, a la vez que se implementan ayudas específicas para los consumidores vulnerables, ya que la calefacción basada en combustibles fósiles continúa estando muy extendida y el sector industrial se enfrenta a elevados costes de inversión inicial.
"Modificar cuidadosamente la carga fiscal y otros gravámenes sobre la electricidad, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores más vulnerables, haría más atractiva la electrificación de la demanda, mejoraría la competitividad de la economía y permitiría aprovechar plenamente los beneficios de la generación eléctrica renovable de bajo coste", apunta.
Seguridad del sistema
Por otro lado, si bien reconoce que España ha puesto en marcha reformas para impulsar el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda, así como para adaptar las normas de la red a un mix de generación en rápida evolución, advierte de que "la estabilidad de la red eléctrica se está convirtiendo en un reto clave para la política energética" y acontecimientos como el apagón de abril de 2025 ponen de relieve la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema.
Seguir avanzando en la infraestructura y la gestión del sistema eléctrico - junto con un mix más equilibrado de tecnologías eólica, solar e híbrida - permitiría a España integrar una mayor proporción de energía renovable, reforzando al mismo tiempo la seguridad y la resiliencia del suministro eléctrico, según el documento de la AIE.
En este sentido, la agencia apuesta por aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico mediante un despliegue acelerado del almacenamiento, una mejor respuesta a la demanda e interconexiones, así como por reforzar la seguridad y la resiliencia de la red mediante el fortalecimiento de la gobernanza entre los agentes del sistema eléctrico, la implantación de procedimientos de operación mejorados y la adaptación de los marcos regulatorios a las necesidades cambiantes del sistema.
Cierre nuclear
Asimismo, entre las recomendaciones consideradas prioritarias por la AIE, el organismo señala la importancia de aumentar la seguridad energética y diversificar el suministro, para lo que propone tomar en consideración "la posibilidad de aprobar la extensión de la vida útil de los reactores nucleares existentes" tras las correspondientes revisiones de seguridad, teniendo en cuenta su importancia para la seguridad del suministro, así como los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo.
A este respecto, defiende que la energía nuclear es una fuente de electricidad de bajas emisiones que proporciona capacidad firme y estable, y contribuye a la seguridad del suministro al reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y, si bien no suele ser adecuada para el control dinámico de tensión, contribuye a la estabilidad del sistema como fuente de generación síncrona, favoreciendo el funcionamiento seguro y fiable de la red eléctrica.
De este modo, recuerda que, en 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción para que el Gobierno reconsiderara el calendario de cierre de las centrales nucleares y que el operador de la central nuclear de Almaraz solicitó formalmente una prórroga de tres años para su operación, hasta 2030, que fue aprobada por el Ejecutivo, alegando incertidumbre en los mercados energéticos internacionales y la necesidad de mitigar la exposición de los consumidores a la volatilidad de los precios.
"España debería partir de este precedente y seguir desarrollando un marco transparente de evaluación que sirva de base para adoptar decisiones de aprobación caso por caso", recomienda la AIE, para la que estas decisiones deberían fundamentarse en criterios relativos a la seguridad, la adecuación desde el punto de vista de la seguridad energética, y los costes y beneficios tanto para los consumidores como para el sistema eléctrico.
Asimismo, señala que los impuestos y gravámenes asociados a la energía nuclear deberían garantizar que el marco económico reconozca tanto la contribución de esta al sistema energético como los costes asociados a sus externalidades, como la gestión de residuos y los costes de desmantelamiento.
