VALÈNCIA (EP). La Audiencia Nacional (AN) estrena un curso judicial en el que celebrará el juicio a la familia Pujol cinco años después del punto final a la investigación; y juzgará la denominada 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial puesto en marcha para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con el 'caso Gürtel'. Además, el tribunal seguirá indagando en el 'caso Koldo' o en el apagón eléctrico, una causa que permanece bajo secreto de sumario.

Como plato fuerte, la AN enjuiciará desde noviembre al que fuera presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos por presunta corrupción. Está previsto que dure más de 50 sesiones, hasta abril de 2026.

Están acusados de formar presuntamente una "organización criminal" que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas".

Unas actividades que les habrían hecho acumular --según el juez instructor, que concluyó en 2020 ocho años de investigación-- un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Los Pujol se sentarán en el banquillo junto a Mercé Gironés --expareja del primogénito-- y varios empresarios por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración en la ejecución.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a todo el 'clan' y pide 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apunta solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, para los que solicita 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

Más 'caso Gürtel'

Otro juicio que albergará es el de la pieza principal del 'caso Gürtel'. Será a partir de octubre y contra más de una veitena de personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, así como contra otras tantas personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios.

Se juzgan en este caso presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo sobre ocultación de patrimonio y blanqueo de ingresos "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas" en causas paralelas y por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de prisión para los líderes de la Gürtel, ya condenados por otras piezas.

El juez instructor acordó procesar a varios asesores fiscales, empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

El juicio de la 'kitchen'

Asimismo, está previsto que entre mayo y junio de 2026 la Audiencia Nacional juzgue la denominada 'Operación Kitchen'. En el banquillo se sentarán el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

También serán juzgados los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, así como el comisario jubilado y principal investigado en la causa, José Manuel Villarejo; y el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

Para las sesiones programadas, están citados como testigos, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, tal y como pidieron las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos.

Causas en instrucción

Aparte de juicios, la Audiencia Nacional seguirá investigaciones abiertas como el 'caso Koldo', donde indaga en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, la compra de material sanitario durante la pandemia o la contratación de una expareja del exministro José Luis Ábalos en empresas públicas.

Una causa que el magistrado Ismael Moreno investiga a medias --por el aforamiento de Ábalos-- con el Tribunal Supremo, donde se esperan más informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pueden dar alas a ambas instrucciones.

De igual modo, el tribunal profundizará en el supuesto fraude del 'caso hidrocarburos' en el que habrían participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

El magistrado instructor, Santiago Pedraz, ha citado a declarar el próximo octubre a hasta 13 investigados, si bien ha descartado llamar como testigos al ministro Ángel Víctor Torres, el exasesor ministerial Koldo García o la exmilitante socialista Leire Díez.

¿Qué provocó el apagón?

También se encuentra en instrucción --aunque bajo secreto-- la causa abierta de oficio por el magistrado José Luis Calama para investigar si el apagón en la red eléctrica española que afectó a todo el territorio peninsular el pasado 28 de abril pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas.

Calama se decidió a investigar si "el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles" opciones al considerar que resultaba desconocida la causa "una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos".

El instructor ya tiene sobre la mesa los informes que pidió al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica sobre las posibles causas que motivaron el apagón.

Sentencias pendientes

Ya juzgadas pero sin sentencia se encuentran causas como la de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, una pieza separada de 'Púnica' en la que cerca de la mitad de las 37 personas acusadas pactaron con la Fiscalía y reconocieron los hechos al inicio del juicio.

Otra pendiente es la sentencia de la Sala de Apelación sobre el recurso del comisario jubilado José Manuel Villarejo a la condena a 19 años de cárcel por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem'.

También se prevé que en este curso se dicte la sentencia sobre la presunta estafa piramidal de Arbistar, sobre la trama que defraudó presuntamente 92 millones de euros a más de 6.000 inversores a través de esa plataforma de comercialización de criptomonedas.