ESTRASBURGO (EFE). El pleno del Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En una votación a mano alzada, el pleno avaló el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, que recomendó levantar la inmunidad del líder de SALF porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política.

"En este caso, el Parlamento no ha podido determinar la existencia de 'fumus persecutionis', a saber, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo", apunta el informe.

Además, el texto recoge que el presunto delito se cometió entre enero y febrero de 2024, meses antes de que Pérez fuese elegido eurodiputado en junio de ese año, por lo que "no era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos"

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea.

El Parlamento Europeo también tiene que tramitar el segundo suplicatorio al líder del SALF que le ha remitido el Tribunal Supremo, por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

En este caso, la redacción del informe se ha asignado a la eurodiputada Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen y el trámite ya está en marcha en la comisión de Asuntos Jurídicos.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.

Por ello, la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado.