MADRID (EFE). El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha indicado que de acuerdo con distintos informes independientes y sectoriales, el PIB de España podría crecer un 8 % solo con la Inteligencia Artificial (IA) en los próximos 10 años, lo que supone 100.000 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley para el buen uso y gobernanza de la IA, el ministro ha esbozado las líneas generales de un informe sobre la implementación de la IA en España.

López ha subrayado que la IA es una herramienta muy poderosa pero que mal aplicada puede servir para difundir bulos, esparcir odio, mentiras y atacar a la democracia.

En este contexto, ha destacado la estrategia de impulso de la IA en España desde 2020. A este respecto, ha apuntado que el centro de supercomputación de Barcelona está entre los 10 ordenadores más poderosos, que España ha sido seleccionada como una de las siete fábricas de IA en Europa y que Alia, la nueva herramienta de IA en España que ofrece un lenguaje propio, ya está en marcha.

Ha indicado que se está abordando en un caso sanitario con la Asociación Española de Cardiología en la investigación de los diagnósticos y tratamientos de la insuficiencia cardíaca, también con Hacienda para acelerar los trámites, al tiempo que se están estudiando decenas de casos de uso de los distintos ministerios y que ya se han seleccionado 20 para mejorar la calidad y velocidad del servicio.

Asimismo, ha apuntado que se han transferido a las comunidades autónomas 223 millones de euros para aplicar la IA en la sanidad, que el 'kit digital' que ha beneficiado a 645.000 pymes y autónomos, que se están haciendo inversiones tecnológicas estratégicas en el sector privado de la mano de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

También ha recordado que España ha aprobado una carta de derechos digitales y cuenta con la agencia estatal Aesia (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial).

El nuevo anteproyecto de ley aprobado este martes, que adapta la legislación al reglamento europeo de IA, busca proteger los derechos digitales identificando prácticas prohibidas y de alto riesgo y estableciendo sanciones al respecto de entre 7,5 y 35 millones o el 2 % y 7 % del negocio mundial de la empresa infractora.