VALÈNCIA. (EFE) El Ministerio de Trabajo quiere un acuerdo con patronal y sindicatos para fijar la subida del salario mínimo (SMI) en 2026, algo para lo que es clave una flexibilización de la Ley de desindexación que permita trasladar ese alza a los contratos públicos, un asunto en el que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales un incremento del SMI del 3,1 % para 2026 (hasta 1.221 euros brutos) manteniéndolo exento de tributación, una propuesta que dista del 7,5 % planteado por los sindicatos y del 1,5 % ofrecido por la patronal.

Las partes ven posible un acuerdo en torno al incremento planteado, aunque la patronal lo vincula a la posibilidad de poder trasladar ese aumento salarial a los precios de los contratos públicos, algo que lleva años reclamando y que también defienden los sindicatos.

Para facilitar el pacto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha puesto esta semana sobre la mesa su intención de "explorar" con el Ministerio de Hacienda "la posibilidad de relajar las reglas de desindexación".

Trabajo no ve lógico que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación de los contratos públicos la subida del SMI, aunque este asunto está a expensas de lo que diga Hacienda, que hasta el momento no ha dado señales de que vaya a flexibilizar la desindexación.

La Ley de desindexación, que desvincula la actualización automática de los precios públicos de referencias como la inflación, se aprobó en 2015 en aras de una mayor competitividad y para favorecer la recuperación de la economía tras la crisis financiera.

Un eventual cambio beneficiaría a un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25 % del PIB, según asegura la patronal alianzAS, que agrupa a empresas que dan servicio a la administración pública para el mantenimiento de edificios, restauración colectiva, atención a mayores, a dependientes y domiciliaria, gestión de instalaciones deportivas, atención al cliente, centros especiales de empleo y servicios energéticos.

Esta patronal de servicios esenciales explica que para sus empresas el 90 % de sus costes son los salarios, por lo que cualquier incremento del SMI tiene "un impacto inmediato y multiplicado" que no puede ser absorbido si no se revisan las condiciones económicas de los contratos, muchos de ellos de larga duración.

Trabajo se vuelve a reunir el viernes próximo con patronal y sindicatos, una vez que los agentes sociales hayan valorado internamente la propuesta de subida del SMI.

CEOE: "Te invito a cenar pero pagas tú"

La patronal argumenta que algo que no controlan, como es la subida del SMI, lastra la rentabilidad de las empresas licitadoras que son las que asumen las consecuencias de una decisión que no tiene coste alguno para las arcas públicas.

"Te invito a cenar, pero pagas tú", es la frase con la que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, define una situación en la que las empresas se ven abocadas a subir salarios, pero sin poder actualizar el precio de los contratos públicos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apoyaba esta semana la reclamación patronal y aseguraba que "en un país que tiene un sector público transferido a la empresa privada, que no se puedan contemplar los aumentos de salario impide que se pueda cumplir con los convenios colectivos".

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco también ha considerado "sumamente relevante" el cambio para garantizar que los incrementos del salario mínimo lleguen al conjunto de trabajadores y acabar así con "una anomalía democrática" que afecta a los empleados de empresas que prestan servicios o actividades a las Administraciones Públicas.