MADRID(EP). La proposición ley con la que los colegiados mutualistas podrán transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA) afrontará el próximo jueves, 11 de junio, su debate y votación en el Pleno del Congreso, lo que supone el último paso del trámite en la Cámara Baja.

Una vez superada su tramitación en el Congreso, el texto después se irá al Senado, donde tendrá que afrontar una tramitación similar a la de la Cámara Baja con las fases de ponencia, comisión y pleno, donde los grupos parlamentarios podrá seguir introduciendo cambios en el articulado del texto. Eso sí, todo cambio que se introduzca en el Senado tendrá que ser ratificado después en el Congreso antes de remitir el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE).

La comisión encargada de examinar el texto legislativo aprobó el dictamen de la ley sin votos en contra y con la abstención de PP, Vox y Junts, que aunque apoyan el objetivo que pretende regular la ley, pues muchos mutualistas están percibiendo pensiones de baja cuantía por las diferentes regulaciones que han sufrido a lo largo de los años, han venido expresando quejas contra las formas del Gobierno en la tramitación.

Quejas por los vetos del Gobierno

En concreto, estos tres partidos han venido quejándose por los vetos que el Ejecutivo ha presentado por motivos presupuestarios a diferentes enmiendas transaccionales que habían presentado.

Una de las enmiendas vetadas, pactada entre PP y Junts, buscaba que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social también pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA). La medida beneficiaba a 47.000 personas.

Sin embargo, el Gobierno tiene reconocida la potestad de veto a medidas legislativas en el artículo 134.6 de la Constitución: "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Tres meses para desarrollar la pasarela al RETA

Más allá de los vetos del Gobierno, motivo que incluso obligó a posponer la comisión una semana, la comisión finalmente aprobó un dictamen que incluyó diferentes enmiendas de los grupos parlamentarios, como es el caso de una enmienda transaccional de Sumar, ERC y EH Bildu para que reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, se establezcan los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos acumulados, y para la conversión de dichos derechos a periodos cotizados en el RETA.

Otra propuesta pactada por esos tres grupos que salió adelante en comisión es una para que los mutualistas que hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026 puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el momento de reconocimiento de la pensión de jubilación, a los "exclusivos efectos" del porcentaje a aplicar a la base reguladora.

Por otro lado, se establece que la transferencia de los derechos económicos acumulados en las mutualidades autorizadas para actuar como alternativas al RETA no tendrán consecuencias fiscales a efectos del IRPF.

Las mutualidades tendrán que hacer un informe

También queda fijada la obligación para las mutualidades de desarrollar semestralmente un informe que contenga, de forma transparente y clara, toda la información relevante referente a los fondos de sus mutualistas y su evolución.

Entre otros puntos, dicho informe tiene que indicar el valor actual actuarial de la renta inicial de los fondos, calculada conforme a criterios contrastables y equitativos, así como de las operaciones realizadas y cuyo coste pudiera recaer en los mutualistas.

Asimismo, se le deberán facilitar los documentos que contribuyan a la comprensión de las operaciones realizadas y también los relativos a la actividad de la respectiva mutualidad.

Las mutualidades deberán, además, remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones toda la documentación que le permita realizar su función de supervisión continua, mediante la comprobación, entre otros, de los estados financieros y contables, el análisis económico financiero, la revisión del cumplimiento normativo y la evolución de los riesgos y de la solvencia de dichas mutualidades.

El sistema de mutualidades convivirá con el RETA

En su paso por comisión también se aprobaron enmiendas de PP y Junts a pesar de que contaron con el voto en contra de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar.

Precisamente una de Junts que ya se ha incorporado a la ley elimina la obligación para los mutualistas de suscribirse, después del 1 de enero de 2027, al Régimen de Autónomos y mantiene el sistema de mutualismo alternativo, de manera que se mantiene el régimen de mutualidades alternativas.

Así, la reforma dicta que los mutualistas que quieran optar por este régimen tienen que tener los mismos derechos que el ordenamiento jurídico en su conjunto reconozca a los trabajadores por cuenta propia o autónomos y cuya financiación no se encuentre estrictamente vinculada a las cotizaciones a dicho régimen especial.

Junts también consiguió respaldo a una enmienda para que antes del 31 de diciembre de 2030, el Gobierno elabore un informe de evaluación sobre el régimen de alternatividad de las mutualidades de previsión social con respecto al RETA.

En lo que respecta a las enmiendas del PP, se aprobó una medida para que el Ejecutivo, en el plazo de un año, apruebe las reformas normativas precisas para dotar al sistema de mayores garantías de transparencia en la información, supervisión y control de las mutualidades respecto de los profesionales colegiados que opten por mantenerse o acceder a las mutualidades de previsión social con carácter alternativo al régimen de Seguridad Social.