MADRID (EFE). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso se repartieron mordidas a cambio de mediar en hasta cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI.

Algunas de estas operaciones son el rescate de la empresa Tubos Reunidos o la adjudicación supuestamente irregular de un contrato público de Mercasa, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Estas supuestas irregularidades se enmarcan en la operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, cuyas diligencias están bajo secreto sumarial.

El pasado miércoles la UCO detuvo a Díez, Fernández y Alonso, que ayer sábado quedaron en libertad preventiva con medidas cautelares, y esta semana la unidad de la Guardia Civil acudió a pedir información a la SEPI, Correos, entre otras dependencias, y registró la sede de Enusa.

Según la información recogida por la Cadena Ser, la UCO indaga si los tres presuntos implicados habrían ingresaron 750.000 euros en forma de comisiones a través de cinco operaciones llevadas a cabo entre 2021 y 2023.

Destaca el rescate por 112,8 millones de la empresa Tubos Reunidos, por el que la trama habría percibido 114.950 euros, o el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias para la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones, por la que los investigados habrían recibido 400.000 euros a modo de comisión.

También permanece bajo lupa la concesión de una ayuda de la Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) a la empresa Arapellet, que depende de Forestalia, por 17,32 millones de euros, con una comisión de 200.000 euros, y otras dos operaciones de menor entidad.

Entre ellas, una adjudicación supuestamente irregular de un contrato de 18.119,75 euros de la empresa pública Mercasa a Servinabar, administrada por Antxon Alonso y también participada, según los investigadores, por el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, a través un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico.

Los tres detenidos por esta causa comparecieron ayer ante el juez Antonio Piña, quien acordó para ellos libertad provisional con la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, atendiendo así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado al estar la causa secreta, mientras que Vicente Fernández negó haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos, según fuentes jurídicas.