MADRID (EP). Junts ha anunciado este martes que ha pactado con el Gobierno una reforma legal para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

En concreto, la formación independentista ha explicado que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.

El partido independentista catalán ha anunciado este acuerdo en el marco del proyecto de ley con el que se regulan los servicios de atención a la clientela, una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy han explicado a Europa Press que la medida afectará a todas las lenguas cooficiales y que sólo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera, cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales.

Precisamente para este martes se había convocado la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las 234 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios.

Los de Míriam Nogueras han destacado que mediante este acuerdo se implanta la obligación de atender en catalán en "la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales".

En esta línea, han celebrado que así se asegura el derecho de la ciudadanía a ser atendida en catalán y también que se ha introducido una disposición a la norma para evitar la invasión de competencias de la Generalitat en esta materia.

Formación obligatoria

En este contexto, destacan que se ha acordado la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expuestas y que ya no será obligatorio responder "como mínimo" en castellano, sino que se hará mediante la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa.

Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", ha apostillado Junts.

El partido de Carles Puigdemont recuerda que esta medida afectará entre otras a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros o aseguradoras.