MADRID (EP). Los casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos detectados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 equivalen a un total de 250.000 plazas turísticas en España, es decir, a todas las plazas hoteleras juntas que había en 2024 en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.
Así se desprende de la segunda edición del Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España, realizado por Exceltur, en el que ha destacado la relevancia de aplicar "cuanto antes" la ventanilla única digital de arrendamientos, de forma que "las plataformas solo comercialicen oferta legal".
Además, el informe señala que el aumento del 25,3% de las plazas en viviendas turísticas en los 500 municipios entre 2024 y 2022 supone el principal factor determinante del incremento de la presión turística, frente al alza de plazas hoteleras (+2%) y del resto de propuestas alojativas regladas, como campings o casas rurales (+1,4%).
Por otro lado, el turismo extiende su contribución socioeconómica por todo el territorio español, según datos del Atlas, lo que evidencia un avance generalizado de la presencia del sector y su traslación a un crecimiento del empleo vinculado al turismo del 19,3% de 2024 con respecto a 2022.
"El crecimiento de la oferta y la demanda turística se concentra en los municipios más consolidados, en los que se identifican los mayores efectos positivos del turismo, así como los mayores retos para facilitar el equilibrio entre turistas y residentes", ha destacado el informe.
En tal escenario, los 50 municipios de mayor presencia turística en España concentran el 40,9% de toda la oferta de alojamiento turístico de mercado (hoteles, apartamentos, campings, turismo rural y viviendas de uso turístico).
Con todo, Exceltur ha presentado el decálogo para afrontar los retos de los destinos españoles consolidados, destacando la necesidad por parte de las administraciones públicas de priorizar la inversión en sistemas de gestión y promoción de un turismo de mayor contribución socioeconómica, comprometido con la calidad de vida de la sociedad local y menor huella ambiental, frente a "las medidas improvisadas, punitivas y discriminatorias que se están planteando en algunos gobiernos regionales y locales".
