MADRID (EP). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá este miércoles los criterios de interpretación sobre los certificados de vulnerabilidad para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que comenzó el pasado 16 de abril teleméticamente y este 20 de abril de manera presencial, como ha avanzado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

"(Aclararemos) Si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes; quién los emite, si es el secretario o la secretaria de Ayuntamiento, si lo puede hacer un funcionario pública, quién los necesita. Hay colectivos y personas que no lo necesitan, que no tienen por qué estar haciendo esas colas", ha explicado Cancela para referirse a una de "las cuestiones más controvertidas o que más expectación están generando".

Así se ha expresado en la 'Jornada sobre el Proceso de Regularización de Migrantes', organizada este miércoles conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio. Durante su intervención, en la inauguración, Cancela ha recalcado que este proceso no es una "amnistía" ni una regularización "masiva", sino de un procedimiento "reglado".

"Este contexto de regularización no debilita el ordenamiento jurídico; el Estado tiene el deber y la responsabilidad de dar respuesta con una política migratoria que tenga una perspectiva de derechos humanos", ha indicado al respecto.

Además, ha recalcado que no existe un "efecto llamada" con esta regularización, es decir, que el hecho de impulsarla no incita a que más migrantes decidan establecerse a España ya que este procedimiento "está abierto a personas que ya estén en el país, no para las que vengan".

A su vez, ha negado que "Europa se vaya a enfadar" por este procedimiento. En este sentido, ha señalado que la regularización es para residir y trabajar en España, por lo que "no hay ningún tipo de derivación ni de complicación a ningún otro país" europeo. También ha destacado que el Consejo de Estado dijo que esta era la "vía jurídica correcta", lo que aporta al Gobierno "tranquilidad" al estar actuando conforme al Derecho.

Al referirse a casos concretos, ha indicado que prevén tramitar la regulación extraordinaria para aquellas personas que hayan iniciado un procedimiento de solicitud de arraigo y que estén esperando una solicitud al respecto "para que no haya un agravio comparativo". También ha indicado que España está buscando "una solución" a través de la vía de la regulación extraordinaria para los ucranianos que cuentan con la residencia temporal.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha defendido que la abogacía desempeña un papel "esencial e insustituible" en este proceso, con destacada "complejidad jurídica y humana". "Nuestros profesionales han sido formados para que esos derechos sean protegidos como deben serlo", ha señalado.

De esta manera, ha transmitido su "admiración, gratitud y reconocimiento" a los 28.000 abogados de extranjería de toda España. Además, ha recordado el reconocimiento institucional al trabajo del colectivo: "Así lo ha entendido el Ministerio, que ha reconocido públicamente la labor de la abogacía de extranjería en este proceso, como colaborador indispensable en el asesoramiento jurídico y en la correcta tramitación de los expedientes".

Por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de "cooperación" ya que este proceso de regularización "no termina" en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que arranca con él. "Para que cumpla con su propósito, es absolutamente capital mantener vivas y abiertas las líneas de colaboración, porque ahora toca lo más complicado: conocer bien las reglas y asegurar su mejor desarrollo", ha indicado.

El "80%" de personas en colas no necesitan informes de vulnerabilidad

La jornada también ha contado con el director general de Migraciones, Santiago Yerga, que ha recalcado que las personas que hayan solicitado protección internacional no necesitan certificados de vulnerabilidad. También ha añadido que no les hace falta a quienes hayan trabajado en España, tengan una oferta de trabajo o firmen una declaración responsable de que tienen la intención de trabajar por cuenta propia.

Asimismo, tampoco se les exige a aquellos que permanezcan en el país con hijos menores de edad o mayores con discapacidad o problemas de salud o con ascendientes de primer grado convivientes. "Creo que algunos hemos visto colas. Estoy convencido de que más del 80% de esas personas no necesitaba un informe de vulnerabilidad", ha indicado.

Según ha subrayado, la reforma del reglamento dice que este certificado puede ser firmado por los servicios sociales competentes y por las entidades inscritas en el Recex (en el caso de estas últimas, no tienen obligación de expedirlo). De un modo u otro, Yerga ha puntualizado que "cualquier persona" que trabaje para esa entidad pueden firmarlo. "No es necesario que sea el secretario del ayuntamiento", ha precisado.

Yerga ha señalado que "van a mirar con especial interés aquellos asuntos que parezcan de fraude de ley" al ser preguntado sobre si el contrato u oferta laboral que presente el solicitante debe ser de un determinado número de horas (por ejemplo, una). Si el solicitante declara que va a trabajar por cuenta propia, el Ministerio quiere "presumir la buena fe del administrado". Si no inicia un proyecto empresarial, "caerá sobre él todo el peso de la renovación en su momento".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que la regulación va destinada a personas que se encuentren en situación irregular. Para los que se encuentran en situación regular, "existen otras vías en el reglamento". "Recomendamos no hacer desistimiento o renuncia de autorización", ha enfatizado.

Sobre la situación de los saharauis, ha recordado que la apatridia "iba a ser incluida" en el proyecto, pero que el Consejo de Estado hizo "una observación con caracter esencial" de que esta figura desapareciera. En cualquier caso, ha precisado que la apatridia no forma parte de las competencias de su Ministerio, sino de Interior.

Tres meses para solicitar el certificado de antecedentes penales

El encuentro también ha contado con la subdirectora general de Régimen Jurídico dentro de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ainara Dorremochea Fernández, quien ha explicado que el solicitante debe presentar el certificado que demuestre que carece de antecedentes penales en el país de origen y en los últimos cinco años anteriores a la entrada en España.

En el caso de que lo haya solicitado, pero no lo haya recibido, de forma excepcional podrá presentar una declaración responsable de que lo ha pedido. En este caso, la unidad tramitadora hablará con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes "para poder solicitar ese certificado a través de los medios diplomáticos que se han establecido a tal efecto".

"Si en tres meses no se recibe respuesta, se pondrá en conocimiento al interesado de que no se ha recibido respuesta de haber obtenido el certificado antecedentes penales. Y se les dará, atendiendo a la ley de gestión administrativa, 15 días más para poder presentar ese certificado", ha detallado.