MADRID (EFE). Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunitat Valenciana (1.216) y Galicia (620).

En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).

A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.

Los datos han sido transmitidos a las autonomías este miércoles en una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.

En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.

Después de la reunión, que ha durado unas tres horas, el secretario de Estado, Rubén Pérez, ha señalado que ha tenido lugar un "debate tranquilo", en el que la autonomías le han trasladado que el consenso que busca el Gobierno en esta materia "no se constata".

Desde que se aprobó este mecanismo, las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo frontal y algunas de ellas -Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Cantabria- lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El rechazo de Aragón ha dado lugar incluso a recursos cruzados con el Gobierno central en los tribunales.

Pérez ha apuntado que la tasa calculada por el Gobierno, los 32 habitantes por 100.000 habitantes, es "perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país".

Esta "capacidad ordinaria" servirá para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la situación de contingencia migratoria -cuando su ocupación triplique esta capacidad- para comenzar con los traslados y se tendrá en cuenta también para el tema de la financiación por parte del Estado.

En función de los datos conocidos este miércoles, el Gobierno estima que al menos Canarias y Ceuta estarían en situación de solicitar esta declaración y pedir los traslados.

En la reunión de este miércoles no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.

Pérez ha hecho referencia al "trágico siniestro" ocurrido este miércoles en El Hierro, en el que cuatro mujeres y tres niñas de entre cuatro y 16 años han muerto y un bebé ha desaparecido al volcar un cayuco con unos 160 ocupantes: "Mientras nosotros estamos en este eterno debate, las cosas siguen pasando", ha lamentado.

Ante esta realidad, ha subrayado, el Gobierno seguirá buscando consensos pero ha advertido que, aunque no los haya, el real decreto ley "va a seguir operando". De hecho, el Ejecutivo mantiene su previsión de comenzar con los traslados de alrededor de 4.400 jóvenes este verano.

El Consell acusa al Gobierno de "manipular"

El Gobierno valenciano ha acusado al Ejecutivo central de manipular "sin escrúpulos" los datos sobre menores acompañados, "confundiendo menores tutelados con no acompañados y número plazas con niños atendidos", no sabe "si por ignorancia o mala fe".

Así lo han afirmado desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, después de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado este miércoles, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.

Para la Conselleria, los datos presentados por el Ministerio son "arbitrarios, sin homogeneizar y sin ningún rigor", ya que en ellos se confunde "menores tutelados con no acompañados y número plazas con niños atendidos", y aunque no sabe si se hace "por ignorancia o mala fe", lo que sí sabe es "el interés que subyace a cada actuación del Gobierno, que es contentar a Cataluña para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa".

Desde Servicios Sociales, han denunciado que el Ministerio ha enviado a las comunidades, "15 minutos antes de comenzar la comisión sectorial, una tabla con datos referidos a la capacidad del sistema, que contiene no solo errores, sino que mezcla datos y saca conclusiones sin sentido".

"Debe ser que el Gobierno intenta sumar y restar a su conveniencia, pero no sabe ni qué datos utiliza para ello", han criticado, antes de añadir que "el despropósito en la comisión ha sido de tal envergadura que incluso han tenido que reconocer que contiene errores" y que "se irán corrigiendo".

Asimismo, han destacado que la Comunitat "acoge menores migrantes por encima de las plazas" que tiene, "costeando su financiación", y han defendido que la Generalitat "prima la atención específica a los menores" y ha realizado "un esfuerzo, aumentando las plazas de atención residencial a menores no acompañados en 2024 un 66 %, hasta alcanzar las 317 plazas".

"Esto ha supuesto una aportación adicional en el presupuesto de más de 9 millones, con lo que suma un coste anual superior a los 23 millones, y a pesar de este coste, el Gobierno de España, a quien compete la política migratoria, destina a nuestra Comunitat solo 1,2 millones", han apuntado.

La Conselleria ha indicado que "a pesar del esfuerzo ya realizado, el sistema de protección en la Comunitat Valenciana sigue tensionado debido a la constante llegada de estos menores no acompañados".