MADRID (EP). El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aplazado la reunión prevista para mañana, 16 de enero, con los agentes sociales para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, que no había sido convocado oficialmente, según han indicado fuentes de Trabajo.

De esta manera, Trabajo aplaza el encuentro con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme previsto para mañana y en el que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, esperaba cerrar la negociación de la nueva subida salarial, según indicó ayer en una entrevista.

Trabajo ha propuesto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, lo que supone 37 euros más al mes que ahora, todo ello con carácter retroactivo desde este 1 de enero una vez se apruebe.

Esta propuesta está en línea con las opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido incrementar esta renta mínima un 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% si pasaba a tributar.

Además, para atraer a la CEOE el acuerdo, la cartera de Díaz se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una cuestión defendida tanto por las organizaciones sindicales como patronales, y que la CEOE puso como condición para apoyar las subidas del SMI de 2025 y 2024 sin éxito.

La indexación del salario mínimo a los contratos públicos también es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido "reiteradamente" ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado contra el muro del Ministerio de Hacienda.

Es más, Yolanda Díaz, reconoció en una entrevista la semana pasada que "hay una discrepancia con el Partido Socialista" en relación a la materia.

A pesar de ello, Trabajo explorará con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo "para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo", una cuestión que se está trabajando a través de la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, donde también el diálogo social tripartido está abordando la reforma de las reglas de compensación y absorción para que la subida del SMI no quede absorbida por los pluses o complementos salariales.

Tras la última reunión, los agentes sociales se comprometieron a estudiar la propuesta del Gobierno en sus respectivos órganos de dirección, pero todo parece apuntar a que, si no hay grandes cambios, CCOO y UGT avalarán el acuerdo.

Por su parte, la patronal mantiene la cautela y no ha avanzado su posición sobre la propuesta del Ejecutivo, aunque Trabajo y los sindicatos han valorado su actitud "propositiva" en esta negociación, hasta el punto de que Pérez Rey se ha mostrado esperanzado en que la CEOE se sume al acuerdo.

Los sindicatos, que propusieron una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que la subida del 3,1% sin tributación está, en todo caso, por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), lo que permite cubrir el incremento del coste de vida, a la vez que va en línea con garantizar el 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea.

Por su parte, la CEOE ha planteado que la subida del SMI para este año sea de un 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF.

Díaz negocia con Montero una propuesta de indexación

Además, Díaz ha afirmado estar trabajando con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacer una propuesta después de que los agentes sociales plantearan en la última mesa del SMI indexar en los contratos públicos una parte de la afectación que esta subida del salario mínimo tiene en las empresas.

"Desde el día que subí el salario mínimo en el año 20 hasta hoy, lo saben los agentes sociales, he defendido esto. Pues bien, estamos trabajando con la ministra de Hacienda, el Gobierno de España, para hacer una propuesta en este sentido", señaló ayer Díaz.