MADRID (EP). El Tribunal de Cuentas ha cifrado en al menos 53.982 millones de euros los beneficios fiscales concedidos por el Estado en 2024, una cifra un 20% superior a la registrada en el año precedente, y aconseja que se realice un mayor control sobre este mecanismo, pues no se presenta suficiente documentación que justifique su uso, según se desprende de las conclusiones de un informe de fiscalización publicado este miércoles.
En concreto, el organismo presidido por Enriqueta Chicano ha fiscalizado la presupuestación y materialización de los beneficios fiscales del Estado, que son reducciones legalmente previstas en los tributos para fomentar determinadas actividades o apoyar situaciones personales, sectoriales o territoriales por razones de interés público.
El organismo ha precisado que el coste para Hacienda de esas medidas ascendió a casi 54.000 millones, cifra que supera a los 45.000 millones que se estimaban para 2023 en los Presupuestos Generales del Estado.
Según el informe de fiscalización, los beneficios fiscales "muestran unos resultados de eficacia mayoritariamente positivos" aunque el informe concluye que no existe un seguimiento sistemático de la implementación y de los resultados de las políticas públicas instrumentadas mediante estos incentivos.
No se documentan "adecuadamente"
Además, el Tribunal apunta que el diseño de los beneficios fiscales no se documenta adecuadamente, ya que no se hacen explícitos "sus objetivos concretos, las alternativas consideradas y los datos e hipótesis de partida".
La institución considera necesario establecer canales estables de comunicación entre la Administración tributaria y los órganos responsables de las políticas sectoriales para facilitar ese seguimiento.
Por otro lado, el informe concluye que el mandato constitucional de cuantificar en los Presupuestos Generales del Estado el coste estimado de los beneficios fiscales "se cumple adecuadamente". Eso sí, el documento detecta que el 43% de las figuras identificadas no está cuantificado en el presupuesto, aunque debido a su escasa entidad no afecta al importe total. Asimismo, recomienda publicar las estimaciones que la Administración realiza sobre su coste efectivo una vez cerrado cada ejercicio.
Respecto a los controles de la Agencia Tributaria, el informe identifica aspectos susceptibles de mejora en el ámbito de las entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal especial y de los incentivos fiscales al mecenazgo, entre ellos los retrasos en determinadas rectificaciones censales, el intercambio de información con las comunidades autónomas y los controles sobre la presentación de determinadas memorias económicas.
Entre sus principales recomendaciones, el Tribunal propone publicar los objetivos, parámetros y costes previstos de los beneficios fiscales; mejorar el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las administraciones responsables de las políticas afectadas; y limitar la vigencia temporal de estos incentivos, condicionando su continuidad a una evaluación positiva de su eficacia y eficiencia.
